Agencias
Ciudad de México.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió al Gobierno Federal entregar a las autoridades estadounidenses al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, al considerar que la protección a estas figuras pone en riesgo la soberanía nacional y podría tener repercusiones en la relación bilateral con Estados Unidos.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal afirmó que la verdadera defensa de la soberanía no consiste en encubrir actos de corrupción o posibles nexos con grupos criminales, sino en aplicar la ley. Campos aseguró que la impunidad en estos casos podría alimentar presiones internacionales, incluyendo posibles afectaciones a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Estoy categóricamente en contra de cualquier intervención extranjera, pero la soberanía no puede convertirse en un escudo para la impunidad”, expresó la gobernadora, quien además responsabilizó al gobierno de Morena de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la protección a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, quien acusó a Campos de promover la violación de la soberanía mexicana y la calificó como una “traidora a la patria”. A través de sus redes sociales, la dirigente morenista aseguró que la gobernadora carece de autoridad moral para cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum y le reprochó los niveles de violencia que enfrenta Chihuahua durante su administración.
Montiel también recordó los señalamientos relacionados con la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y acusó a la mandataria panista de intentar someter a México a intereses extranjeros. Asimismo, señaló que durante los gobiernos del PAN se permitieron acuerdos entre funcionarios y grupos criminales, haciendo referencia al caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
El intercambio de acusaciones ocurre en medio de un ambiente de creciente tensión política por los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra diversos funcionarios mexicanos, así como por el debate sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Mientras la oposición exige transparencia y rendición de cuentas, Morena insiste en que cualquier acción debe respetar la soberanía y las instituciones nacionales.
