Agencias
México.- El extitular de la Fiscalía General de la República y recién incorporado al Servicio Exterior Mexicano como representante diplomático en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, presentó su declaración patrimonial, en la que se detalla un amplio conjunto de bienes inmuebles, vehículos de lujo e inversiones privadas. El documento incluye nueve propiedades inmobiliarias, entre casas heredadas y adquiridas, además de un edificio de gran extensión y un terreno, lo que lo coloca entre los funcionarios con mayor patrimonio declarado en el ámbito público.
Entre los inmuebles reportados destaca una propiedad de más de 900 metros cuadrados, transferida por la Universidad de las Américas en 2020, así como una casa en el extranjero adquirida en 2007 por aproximadamente 1.19 millones de dólares. También se especifica la existencia de propiedades heredadas con superficies que van desde los 200 hasta más de mil metros cuadrados, lo que refleja una diversificación importante en su patrimonio inmobiliario.
En el rubro de vehículos, Gertz Manero reportó una colección de siete automóviles de lujo y modelos clásicos, entre ellos dos Rolls Royce (uno de ellos adquirido durante su gestión en la FGR), una Cadillac, un Mercedes-Benz, un Ford Lincoln y otros vehículos antiguos de colección, lo que ha llamado la atención por el valor histórico y económico de las unidades.
Asimismo, su declaración incluye una herencia millonaria valuada en más de 18 millones de pesos en joyas, relojes y monedas, además de obras de arte valuadas en alrededor de 8 millones de pesos y mobiliario de alto valor. También se señala su participación en empresas del sector inmobiliario, lo que complementa su perfil patrimonial.
El caso ha generado debate público debido a que su patrimonio había permanecido parcialmente reservado en años anteriores, pero ahora, al integrarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se vio obligado a transparentar sus bienes. Esto ha reactivado la discusión sobre la opacidad patrimonial en altos funcionarios y la necesidad de mayor vigilancia en la rendición de cuentas dentro del servicio público mexicano.
