De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- En los primeros cinco meses de 2026, Córdoba registró un aumento del 7% en amenazas (de 27 a 29 casos entre abril y mayo), repuntes en tortura (pasó de 1 a 2 casos en el último mes) y lesiones dolosas con arma de fuego que mantienen una media de 1.6 incidentes mensuales, reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los homicidios, aunque en cifras bajas, muestran picos alarmantes en febrero (3 homicidios dolosos con arma de fuego) y un acumulado de 14 homicidios culposos por accidentes de tránsito que evidencian la falta de control vial.
Pero el regidor segundo, Jorge Maximiliano Huerta Vázquez, optó por hacer un show en redes un mensaje intimidatorio frente a una propiedad donde ya no vive, en un acto que muchos ciudadanos califican como “un montaje de victimización” que desvía la atención de la verdadera crisis.
Y es que el delito de amenazas encabeza el ranking de crecimiento intermensual con 29 carpetas en mayo, superando los 27 de abril. La tortura, que en marzo apenas apareció con 3 casos, mantiene una tendencia al alza con 2 reportes en mayo.
Estos delitos, considerados de alto impacto psicosocial, reflejan un clima de coerción que va más allá de lo estadístico: son el reflejo de una ciudad donde la intimidación se ha normalizado. Sin embargo, el regidor Huerta, responsable de comisiones de seguridad, prefiere alarmar por un hecho aislado que afecta su propiedad, en lugar de exigir resultados a la Policía Municipal que debe vigilar. Los homicidios dolosos con arma de fuego suman 6 casos en el periodo, con un pico de 3 en febrero. Las lesiones dolosas con otro elemento (palos, vidrios, objetos contundentes) totalizan 62 casos, con abril como el mes más violento (17 reportes). Las lesiones culposas en accidentes de tránsito alcanzaron 38 casos, de los cuales 14 fueron fatales.
Estos datos desmienten cualquier discurso de “paz” y exigen acciones concretas, no tuits. Mientras Huerta agradece muestras de solidaridad, las víctimas de estos delitos siguen esperando justicia en medio de un sistema que parece reaccionar solo cuando el afectado es un funcionario.
