De la redacción
El Buen Tono
Orizaba, Ver.— Cientos de familias de Fortín y Orizaba habrían sido víctimas de un presunto fraude atribuido a la asociación civil “Juventud Trabajadora Mexicana”. Lo que se presentó como un proyecto de vivienda digna terminó en señalamientos por un posible engaño que dejó pérdidas que van de los 30 mil a los 100 mil pesos por persona. Los afectados han acudido a diversas instancias, entre ellas Palacio Nacional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Conagua y Catastro de Orizaba, donde aseguran que se les ha indicado que la organización no cuenta con respaldo formal para los proyectos ofrecidos.
El espejismo de la vivienda digna
La organización, encabezada por Israel “N” y Monserrat “N”, comenzó a operar en diciembre de 2022. A través de reuniones periódicas, ofrecían supuestos terrenos de más de 300 metros cuadrados y viviendas equipadas para personas de bajos recursos. La promesa atrajo principalmente a familias que buscaban consolidar un patrimonio.
“Estábamos aquí por necesidad, porque también queríamos un patrimonio”, relató una de las personas afectadas. En sus mensajes públicos, la asociación aseguraba que se encargaría de otorgar viviendas a quienes pagaban renta o carecían de propiedad.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los terrenos promocionados habrían resultado ser propiedades con dueños legítimos o sin disponibilidad para venta, mientras que los proyectos fueron aplazados en múltiples ocasiones.
Promesas incumplidas y ampliación de servicios
Además del supuesto esquema de vivienda, la organización ofrecía concesiones de taxis, rutas de transporte público, animales de granja, un tractocamión para productores del campo y supuestas visas de trabajo en Canadá. Algunas personas también realizaron pagos para trámites migratorios.
De igual forma, se promovieron créditos de 20 mil, 30 mil y 50 mil pesos para emprendimientos, condicionados al pago previo de un “estudio socioeconómico”. Sin embargo, los recursos no habrían sido entregados.
Cobros y restricciones en reuniones
Para sostener el esquema, se exigían diversos pagos bajo conceptos como “inscripciones”, “hologramas”, “código QR” y “papeleo”. También se cobraban cartas poder que posteriormente no eran reconocidas como válidas, además de otros conceptos administrativos.
En las reuniones, se prohibía grabar audio, video o tomar fotografías de documentos, aunque algunos afectados lograron documentar parte de los hechos. “Está grabado, no nos inventamos nada”, señaló una de las víctimas.
Este medio contactó a la asociación, que únicamente emitió una carta difundida en redes sociales. Entre los afectados se encuentran al menos dos voceadores de este medio de comunicación. Asimismo, se ha señalado que la organización podría estar expandiendo operaciones hacia el municipio de Huatusco.
