De la redacción
El Buen Tono
Las autoridades del estado de Nuevo México analizan la posibilidad de emprender acciones legales para reclamar indemnizaciones que ascenderían a millones de dólares, luego de conocerse señalamientos sobre una estrategia utilizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que habría permitido la circulación de cargamentos de fentanilo con fines de investigación.
La gobernadora Michelle Lujan Grisham expresó una fuerte postura ante estos hechos y adelantó que llevará el tema directamente ante la Casa Blanca y el Congreso estadounidense, con el objetivo de exigir garantías de que este tipo de prácticas no se repitan en su estado ni en otras regiones del país. En Nuevo México, el incremento de muertes por sobredosis continúa siendo una de las principales preocupaciones de salud pública.
Durante una conferencia de prensa en Albuquerque, la mandataria calificó la situación como un grave fallo institucional y cuestionó el impacto de las decisiones federales en comunidades afectadas por el consumo de sustancias ilícitas.
De acuerdo con reportes periodísticos, agentes federales habrían monitoreado envíos de fentanilo sin intervenir de inmediato, con la intención de fortalecer investigaciones más amplias. Estas acciones han generado críticas de funcionarios locales y de integrantes del sistema de seguridad, quienes advierten sobre riesgos directos para la población.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni la DEA han emitido una postura oficial sobre estas acusaciones. En el contexto político actual, el gobierno de Donald Trump mantiene bajo revisión diversos temas relacionados con la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de sustancias ilícitas en Estados Unidos.
