Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Mientras el discurso oficial presume una justicia con perspectiva humana para los sectores más vulnerables, en la ciudad de Orizaba un hombre de 84 años de edad enfrenta obstáculos para que avance una denuncia relacionada con daños a su patrimonio, situación que activistas califican como una muestra de insensibilidad y posible trato preferencial hacia quienes lo afectaron.
Luis Romero Martínez, de 84 años de edad, denunció a las personas que provocaron el colapso de un techo sobre su propiedad. Sin embargo, de acuerdo con integrantes de la Capellanía Armada Mundial de Paz en México, el caso permanece estancado mientras las autoridades ministeriales exigen la presencia física del adulto mayor para dar continuidad a las investigaciones, pese a que su estado de salud le impide desplazarse por sus medios.
Ángel García Gómez, representante de Derechos Humanos de dicha organización, señaló que incluso para acudir a las instalaciones de la Fiscalía el afectado debe ser trasladado prácticamente cargando, debido a sus limitaciones físicas. «La fiscal no te da la cara, solamente atiende la auxiliar. Nos dicen que si no viene el señor Romero Martínez no avanza la denuncia, cuando es una persona que ya no se puede valer por sí misma», manifestó.
El activista cuestionó que, a pesar de que la Constitución y las políticas públicas impulsadas para la protección de personas vulnerables contemplan mecanismos de asistencia y representación legal, la Fiscalía ignora dichas condiciones.
Indicó que la organización acompaña jurídicamente al adulto mayor y cuenta con abogados que buscan representarlo en el procedimiento, precisamente para evitar que las complicaciones de salud del denunciante se conviertan en un obstáculo para el acceso a la justicia.
García Gómez denunció que las personas señaladas por afectar la propiedad del anciano habrían recibido una atención favorable por parte de las autoridades ministeriales, pese a que existen cuestionamientos sobre la validez de la documentación que presentan. «Fuimos para checar por qué está demorando tanto la denuncia que interpuso ante la Fiscalía y resulta que le están dando respaldo a las denuncias que interpusieron las personas que le afectaron su propiedad. Lo que queremos es apoyar y salvaguardar que no le quiten su patrimonio», expuso.
A decir del representante de derechos humanos, la actuación de la autoridad ministerial contrasta con los principios de protección reforzada que deberían aplicarse a los adultos mayores, particularmente cuando enfrentan conflictos que ponen en riesgo su patrimonio y bienestar. La situación genera cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía Regional de Orizaba, no sólo por la demora en el expediente, sino por la aparente falta de empatía hacia un ciudadano de edad avanzada que, lejos de recibir facilidades para acceder a la justicia, enfrenta requisitos que su condición física le impide cumplir con facilidad.
