De la redacción
El Buen Tono
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron manifestaciones para expresar su inconformidad tras el despido de 43 trabajadoras sociales adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública, medida que ha generado inconformidad y exigencias de justicia.
El recorte fue ejecutado el 30 de junio de 2026 en distintas entidades del país, lo que provocó una serie de protestas por parte del personal afectado, quienes califican la decisión como arbitraria e injustificada.
De acuerdo con testimonios de las trabajadoras, la medida se aplicó sin una explicación clara y únicamente se les informó que respondía a una supuesta falta de presupuesto. Sin embargo, señalaron que las plazas estaban contempladas dentro del gasto anual, por lo que acusan falta de transparencia en el proceso.
Rosalba Isabel N. afirmó que no recibieron justificación detallada sobre su separación laboral, mientras que Nancy del Rocío López Segura, analista de trabajo social en la delegación de Aguascalientes, denunció que fue notificada de forma repentina tras más de 26 años de servicio, cuando se encontraba a poco más de un año de su jubilación.
La trabajadora relató que, pese a no haber firmado el oficio de baja, se le impidió el acceso a las instalaciones.
Los manifestantes señalaron que estos despidos afectan no solo sus derechos laborales y de seguridad social, sino también a la ciudadanía, ya que su labor resulta clave en la atención de usuarios del instituto.
Entre sus funciones destacan estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, localización de personas y acompañamiento en casos relacionados con menores de edad, personas privadas de la libertad y sectores en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, recordaron que el pasado 4 de junio también fueron despedidos 25 médicos forenses bajo circunstancias similares, por lo que sospechan que estas decisiones estarían relacionadas con la reorganización de plazas para la creación de 300 nuevos puestos dentro de la institución.
