Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Más que un cobro arbitrario, el pago correspondiente al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) forma parte de una obligación establecida por la Secretaría de Economía, por lo que los comerciantes deben cumplir con este trámite y verificar que sea realizado únicamente por personal autorizado, afirmó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Orizaba al rechazar las versiones sobre un fraude en Mariano Escobedo.
El vicepresidente de Canaco Orizaba, Víctor Luna Cubillas, acompañado del promotor autorizado Arturo Martínez Moreno, explicó que la actualización anual del padrón nacional de comercios y prestadores de servicios es un procedimiento oficial que permite mantener vigente la base de datos empresarial del país.
Martínez Moreno, señaló que recorre los establecimientos para integrar la información al SIEM, aunque reconoció que muchos propietarios, principalmente de negocios de reciente apertura, desconocen el procedimiento, lo que ha generado desconfianza cuando se les solicita la cuota correspondiente.
Precisó que el proceso se realiza con transparencia, ya que a cada comerciante se le entrega un recibo oficial, existe la posibilidad de expedir factura y se otorga una calcomanía que acredita el registro del establecimiento en el sistema nacional.
Por su parte, Luna Cubillas explicó que antes de iniciar las visitas, la cámara notifica por escrito a los ayuntamientos sobre las fechas de los recorridos y la identidad del promotor autorizado. En el caso de Mariano Escobedo, indicó que la documentación fue entregada desde el pasado 18 de junio.
Consideró que la falta de difusión de esa información entre los comerciantes provocó rumores sobre un supuesto fraude, situación que, aseguró, no corresponde a la realidad.
Finalmente, representantes de Canaco reiteran que Arturo Martínez Moreno es el único promotor autorizado para realizar el cobro del SIEM en la zona e hicieron un llamado a los comerciantes a verificar cualquier duda directamente con la cámara, a fin de evitar desinformación sobre un trámite oficial respaldado por la Secretaría de Economía.
