AGENCIAS
Culiacán, Sin.- Una investigación publicada por Latinus reveló presuntas conexiones empresariales entre el beneficiario de un contrato por 45.9 millones de pesos para el suministro de equipo de cómputo al Gobierno de Sinaloa y personas cercanas al actual secretario de Administración y Finanzas del estado, Joaquín Alberto Landeros Güicho.
De acuerdo con el reportaje, la adjudicación se concretó en junio de 2023, cuando la Secretaría de Administración y Finanzas era encabezada por Enrique Díaz Vega, considerado uno de los colaboradores más cercanos del entonces gobernador Rubén Rocha Moya. El contrato contempló la adquisición de hasta mil 540 computadoras destinadas a distintas dependencias de la administración estatal.
Según la investigación, el empresario Luis Fernando Ávila Hach fue declarado ganador de la licitación. Posteriormente, Latinus documentó una serie de relaciones societarias que, asegura, lo vinculan con integrantes del círculo cercano de la administración estatal.
El reportaje señala que Ávila Hach mantiene una sociedad empresarial con Manuel Alfonso Flores Lizárraga, quien figura como accionista de la empresa Cocina Trucha. En esa misma sociedad también participa Joaquín Alberto Landeros Güicho, actual titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, situación que, de acuerdo con el medio, evidencia un vínculo entre el contratista y un alto funcionario del gobierno estatal.
La investigación agrega otra relación empresarial. Según Latinus, Moisés Omar Aguilar Medina, quien aparece como comisario de Cocina Trucha, también es accionista de Chocosa Ranch, empresa en la que comparte participación con José Jesús Rocha Ruiz, hijo menor de Rubén Rocha Moya.
Otro de los puntos destacados en el reportaje es que la compra del equipo de cómputo fue solicitada por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales, dependencia donde Landeros Güicho se desempeñaba como secretario ejecutivo cuando comenzó el procedimiento de contratación.
Meses después, Landeros Güicho fue nombrado secretario de Obras Públicas y, posteriormente, tras la salida de Enrique Díaz Vega de la Secretaría de Administración y Finanzas, asumió la titularidad de esa dependencia, responsable del manejo de los recursos públicos del estado.
En la parte final de su investigación, Latinus recuerda que Rubén Rocha Moya y Enrique Díaz Vega son mencionados en una demanda presentada ante una Corte de Nueva York, donde se formulan señalamientos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y una supuesta colaboración con una facción del Cártel de Sinaloa. Hasta el momento, dichas acusaciones no han sido resueltas por una autoridad judicial y continúan formando parte de un proceso legal.
Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Joaquín Alberto Landeros Güicho, Enrique Díaz Vega y el empresario Luis Fernando Ávila Hach no habían emitido una postura pública respecto a los señalamientos contenidos en la investigación de Latinus.
