De la redacción
El Buen Tono

Puebla.- La investigación contra Rafael Zabalza, identificado por las autoridades como el presunto “Tirador de Atlixcáyotl”, continúa sumando elementos luego de que la Fiscalía General del Estado confirmó que el detenido contaba con ocho permisos vigentes expedidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la posesión y portación de armas de fuego.

De acuerdo con la Fiscalía, las agresiones que generaron preocupación entre automovilistas de la zona metropolitana de Puebla comenzaron desde abril de 2026. Varias de las víctimas habrían identificado directamente al detenido como el presunto responsable de los ataques ocurridos en distintos puntos de la región.

Como parte de las investigaciones, especialistas en criminalística realizaron estudios balísticos y análisis de trayectorias de disparo, cuyos resultados preliminares señalan que algunos de los impactos encontrados son compatibles con proyectiles calibre 9 milímetros.

Durante operativos realizados en inmuebles de Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula, y en la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla, las autoridades aseguraron diversas armas de fuego, cientos de cartuchos, dispositivos electrónicos, computadoras, una tableta, unidades de almacenamiento digital y más de 729 mil pesos en efectivo.

Entre los objetos decomisados destacan una pistola semiautomática, un rifle, una escopeta, dos armas calibre .22, más de 500 cartuchos de ese calibre y cartuchos calibre 9 milímetros, además de una camioneta GMC Denali sin placas.

La Sedena confirmó que las ocho armas registradas por Rafael Zabalza contaban con los permisos correspondientes; sin embargo, la Fiscalía mantiene las pruebas periciales para determinar si alguna de ellas fue utilizada en los ataques investigados.

Además de las indagatorias por las agresiones reportadas en la Vía Atlixcáyotl, el Ministerio Público buscará imputarle el delito de homicidio doloso en grado de tentativa, debido a que presuntamente disparó contra agentes ministeriales durante la ejecución de una orden de cateo.

El detenido ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial y se espera la programación de la audiencia inicial, donde la Fiscalía presentará las pruebas reunidas durante meses de investigación para definir su situación legal.