AGENCIAS
Monterrey, NL.- A poco más de dos meses de haber sido presentado por el Gobierno federal como uno de los principales objetivos en el combate al robo y contrabando de combustibles, un juez ordenó la liberación de Óscar “N”, alias “El Titán”, al determinar que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.
La jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón Banda, resolvió la no vinculación a proceso del presunto huachicolero, luego de que un amparo concedido previamente señalara irregularidades en los cateos realizados durante su captura.
El amparo, otorgado el 8 de julio por el juez Primero Penal de Nuevo León, Mario Melo Cardoso, concluyó que existieron anomalías en las diligencias efectuadas en el domicilio del imputado, por lo que las pruebas obtenidas durante esos cateos quedaron comprometidas.
Con esta resolución, los cuatro detenidos durante el operativo federal realizado el 9 y 10 de mayo en Monterrey, San Pedro Garza García y Allende quedaron en libertad. En esa acción también fueron capturados Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, señalada como presunta pareja de “El Titán”.
Tras las detenciones, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los capturados formaban parte de una organización dedicada al contrabando de combustible y la comercialización ilegal de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones federales, “El Titán” era identificado como presunto socio de Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, señalado por autoridades como uno de los principales operadores del tráfico ilegal de combustible por vía ferroviaria desde Estados Unidos y relacionado con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas durante marzo de 2025.
La liberación ocurre en un contexto en el que el Gobierno federal ha sostenido que la reforma judicial busca fortalecer el combate a la impunidad y evitar que presuntos delincuentes obtengan su libertad por decisiones judiciales. Sin embargo, este caso reaviva el debate sobre la integración de las investigaciones y la legalidad de las actuaciones ministeriales durante los operativos.
