MÉXICO.- Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permitió descubrir lo que considera la mayor red de huachicol fiscal detectada en México, con un presunto daño superior a 4 mil millones de pesos para la hacienda pública.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización únicamente declaraba el 10 por ciento del combustible que realmente ingresaba al país. Mientras en documentos aduanales reportaban alrededor de 10 mil litros por ferrotanque, las investigaciones señalan que en realidad podían movilizar hasta 110 mil litros, además de clasificar los hidrocarburos como otros productos para reducir obligaciones fiscales.
La indagatoria comenzó tras el aseguramiento de 15.5 millones de litros de combustible y 129 carrotanques ferroviarios en Coahuila, uno de los decomisos más importantes relacionados con el contrabando de hidrocarburos. A partir de ese operativo, la FGR reconstruyó una presunta estructura integrada por empresas, operadores logísticos y servidores públicos que habría facilitado el ingreso irregular de combustibles al país.
Además de Ernesto Ruffo Appel, fue detenido Ricardo Thompson Navarro, identificado como socio de la empresa Ingemar, señalada dentro de la investigación por sus operaciones relacionadas con importaciones de hidrocarburos. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer la responsabilidad de otros posibles participantes.
Huachicol fiscal: una red que apunta más allá de un solo nombre
La magnitud del caso abrió nuevamente el debate sobre cómo operan las redes de contrabando de combustible y si una estructura de esta dimensión pudo funcionar sin la participación de más actores.
La propia FGR ha señalado la posible intervención de servidores públicos, por lo que distintos sectores han exigido que las investigaciones alcancen a todos los responsables, sin importar cargos, partidos políticos o vínculos empresariales.
En los últimos meses también han circulado denuncias y señalamientos públicos sobre otros personajes relacionados con presuntas redes de huachicol; entre ellos, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.
Veracruz bajo la lupa por rutas de combustible
Por su infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera, Veracruz se mantiene como una entidad estratégica para el movimiento de hidrocarburos. En la región de Córdoba también han surgido investigaciones y aseguramientos relacionados con el transporte ilegal de combustibles.
Uno de los casos mencionados es el de Autotanques de México (ATM), S.A. de C.V., empresa ubicada en Amatlán de los Reyes, en la zona metropolitana de Córdoba, dedicada desde 1979 al transporte especializado de materiales peligrosos.
Durante operativos federales realizados en abril de 2025, autoridades aseguraron 14 unidades y contenedores vinculados con ATM, en una acción contra el presunto trasiego ilegal de hidrocarburos. En ese mismo operativo también fueron aseguradas 15 pipas relacionadas con la empresa Transportes Bueno.
Las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia contra el robo y contrabando de combustibles, donde se investigan posibles esquemas en los que empresas formalmente constituidas pudieron ser utilizadas para movilizar hidrocarburos de procedencia irregular.
ATM cuenta con más de 45 años de operaciones en el sector de autotransporte federal de carga y tiene su domicilio registrado sobre la carretera Federal Córdoba-Veracruz, kilómetro 10.5, en la congregación Venta Parada, Amatlán de los Reyes. La empresa fue fundada en 1979 por Luis Manuel Ortiz García y, de acuerdo con registros del sector, Juan José Ortiz se ha desempeñado como director general.
Hasta el momento, los aseguramientos forman parte de investigaciones en curso y corresponde a la FGR determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales por parte de directivos, operadores o cualquier persona relacionada.
El caso Trabal y los señalamientos en Córdoba
Otro expediente que generó atención fue el relacionado con la empresa Trabal S. de R.L. de C.V., dedicada al transporte de carga en Veracruz.
Una investigación publicada por 24 HORAS, basada en documentos de inteligencia militar filtrados mediante Guacamaya Leaks, señaló que la empresa habría tenido relación con una operación de compra de combustible ilegal atribuida al grupo criminal La Barredora durante 2021.
En ese periodo, Manuel Alonso Cerezo, actual alcalde electo de Córdoba por Morena, aparecía como socio de la compañía. De acuerdo con esa publicación, vendió sus acciones antes de iniciar campaña electoral.
¿Quiénes más participaron?
El huachicol fiscal es considerado por especialistas como una de las actividades ilícitas más lucrativas debido a las ganancias generadas por el contrabando y la evasión de impuestos.
El economista Arturo Herrera ha señalado públicamente que operaciones de esta magnitud difícilmente podrían ejecutarse sin la participación de redes amplias con capacidad logística y acceso a estructuras de poder.
Ante el nuevo caso revelado por la FGR, la pregunta permanece: si se trató de la mayor red de huachicol fiscal detectada en México, ¿quiénes más participaron y hasta dónde llegará la investigación?
La exigencia ciudadana es que las autoridades esclarezcan toda la cadena de responsabilidades y que, si existen más involucrados, sean identificados y presentados ante la justicia con pruebas.
