¡Aquí en la zona Centro el notario José Javier Limón Luengas es la cabeza de la tranza!
AGENCIA
Coatepec.- El presunto “cartel inmobiliario” que desde hace años ha sido denunciado en Veracruz vuelve a colocarse en el centro de la polémica, luego de que el ciudadano Francisco Javier Carrión Cuéllar acusara una serie de irregularidades que, asegura, buscan despojarlo del predio “María Sánchez”, ubicado en el municipio de Coatepec.
El terreno, de 17 mil 988 metros cuadrados, fue heredado legalmente por su madre mediante testamento, sin embargo, desde 2022 enfrenta un litigio que, lejos de avanzar, permanece estancado entre recursos, audiencias negadas y presuntas omisiones judiciales.
Carrión Cuéllar señala directamente al juez René Ortiz Sartorius de obstaculizar el proceso al rechazar, en repetidas ocasiones, la audiencia para solicitar la restitución del inmueble, pese a que, asegura, existen más de 27 pruebas documentales y periciales que acreditan la posesión legítima del predio desde 2006 y la ocupación ilegal por terceros desde 2018.
El denunciante también menciona a José Luis Monge Aldana y a personas vinculadas con administraciones municipales pasadas, a quienes atribuye la ocupación del terreno, que incluso fue utilizado para eventos deportivos y actividades recreativas.
En las acusaciones también aparece el nombre de José Javier Limón Luengas, encargado de la Notaría Número 6, a quien el afectado relaciona con actuaciones notariales que, según sostiene, habrían contribuido a dar sustento documental a operaciones que hoy forman parte de las investigaciones. Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine responsabilidad alguna en su contra.
Además del litigio por la propiedad, Carrión denuncia que durante los últimos años se registraron amenazas, destrucción de bienes, violación de sellos de clausura, trabajos dentro del inmueble pese a restricciones oficiales e incluso la participación de policías municipales durante algunas de las intervenciones denunciadas.
También informó haber presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría del Poder Judicial por presunta obstrucción de la justicia, abuso de autoridad y usurpación de funciones contra servidores públicos que, afirma, han retrasado deliberadamente el procedimiento.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de justicia en Veracruz. Mientras las autoridades aseguran combatir la corrupción y garantizar el Estado de derecho, expedientes como este permanecen sin resolverse durante años, alimentando la percepción de que las influencias políticas y los intereses particulares continúan pesando más que las resoluciones judiciales.
Con pruebas, denuncias y peritajes sobre la mesa, la principal interrogante sigue sin respuesta: ¿Por qué las instituciones encargadas de impartir justicia continúan postergando una resolución que, de acuerdo con el denunciante, pudo haberse emitido desde hace años?
