De la redacción
El Buen Tono

Una declaración ministerial realizada por Joaquín Guzmán Loera en 1993 volvió a cobrar relevancia luego de que saliera a la luz el contenido de ese testimonio, en el que señaló al entonces gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de presuntamente mantener vínculos con integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con el documento, rendido tras su captura en Chiapas, Guzmán aseguró que integrantes de ese grupo delictivo presumían una relación cercana con Ruffo Appel y que, supuestamente, a través del entonces procurador estatal obtenían credenciales de la Policía Judicial de Baja California.

En la declaración también afirmó que personas cercanas a esa organización mantenían comunicación con mandos de la Policía Judicial y mencionó presuntos vínculos comerciales entre familiares del exgobernador y empresarios relacionados con ese grupo criminal.

Las acusaciones forman parte de un testimonio ministerial de 1993 y no constituyen una resolución judicial sobre los hechos señalados.

El contenido del documento volvió a difundirse mientras Ernesto Ruffo Appel enfrenta actualmente un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, en un caso distinto e independiente de las declaraciones realizadas hace más de tres décadas.