Nogales, Ver.– El alcalde de Nogales, Libni Zuriel de la Cruz, optó por descalificar a El Buen Tono en lugar de responder con argumentos a los señalamientos publicados por este medio. A través de sus redes sociales, calificó al periódico como “chayotero” y afirmó que no entregará “ni un peso partido a la mitad”, insinuando que se le habría solicitado dinero.
La declaración, sin embargo, carece de un elemento indispensable: las pruebas. Hasta el momento, el presidente municipal no ha exhibido evidencia alguna que respalde sus acusaciones ni ha informado sobre la presentación de una denuncia ante la autoridad competente por un presunto intento de extorsión.
No es la primera ocasión en que la administración de Libni Zuriel enfrenta cuestionamientos por su manejo de la opinión pública. Tras el accidente registrado en el elevador del Palacio Municipal, personas vinculadas al Ayuntamiento denunciaron la existencia de un grupo de mensajería mediante el cual se pidió a colaboradores y simpatizantes salir en defensa del gobierno municipal en redes sociales para contener las críticas generadas por el incidente.
En una democracia, la crítica periodística no se combate con descalificaciones ni con campañas de descrédito. Si el alcalde sostiene que un medio de comunicación incurrió en una conducta ilícita, está obligado a demostrarlo con pruebas y a recurrir a las instancias legales correspondientes.
El mismo criterio que en su momento se exigió a otros servidores públicos debe aplicarse hoy al alcalde de Nogales: quien acusa tiene la responsabilidad de probar. De lo contrario, sus declaraciones son un intento de desacreditar a un medio crítico de su administración, en lugar de responder al fondo de los cuestionamientos sobre su gobierno.
