De la redacción
El Buen Tono
La organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) exigió al gobierno de Venezuela revertir su decisión de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y mantener la cooperación con el tribunal, que actualmente investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2017.
A través de un comunicado, la ONG pidió a la Fiscalía de la CPI continuar con la investigación “sin dilación” y proteger el proceso durante el periodo de un año que requiere la salida formal de Venezuela del organismo internacional.
El CLIPP señaló que la decisión del gobierno venezolano representa un intento por cerrar una vía de justicia para quienes buscan esclarecer denuncias de violaciones a derechos humanos, al señalar que aún existen personas detenidas por motivos políticos y víctimas que buscan verdad, justicia y reparación.
La organización afirmó que denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y persecución llegaron ante la CPI debido a que, según su postura, los tribunales nacionales no han investigado ni sancionado a los responsables.
La salida de Venezuela del Estatuto de Roma fue anunciada por el canciller Félix Plasencia, quien argumentó que la CPI mantiene un supuesto sesgo en sus actuaciones y concentra sus investigaciones de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos.
La Corte Penal Internacional recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos y que Venezuela deberá permanecer como miembro durante un año, además de mantener sus obligaciones de cooperación en las investigaciones y procedimientos que ya están en curso.
La CPI abrió en 2018 un examen preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela y en 2021 inició una investigación formal, la cual continúa activa.
