JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
PUBLICIDAD publicidad

EL BUEN TONO

Córdoba, Ver.- La administración municipal de Córdoba que encabezó Juan Martínez Flores y en ese entonces la síndica y representante del ayuntamiento Vania López, dejó un pasivo contingente por 32 millones 602 mil 110.61 pesos en juicios laborales y civiles, según el informe oficial del Congreso de Veracruz al 31 de mayo de 2026.

La que fuera síndica única y representante legal del Ayuntamiento durante ese periodo, Vania López González, ocupaba entonces dos cargos de un solo golpe: era la responsable del Área Jurídica y, al mismo tiempo, la encargada de vigilar que esa misma área funcionara.

Ahora, con la administración de Manuel Alonso Cerezo, López González es regidora novena, y ni el nuevo gobierno ni el Partido Verde, su propio instituto político, han abierto un solo expediente de revisión por su desempeño.

El grueso del adeudo corresponde a 216 juicios laborales que suman 16 millones 752 mil 110.61 pesos, en diversos estados procesales: ejecución, instrucción y laudos. A esto se suman tres juicios civiles por 15 millones 850 mil pesos, incluyendo dos apelaciones que representan 15.4 millones y un amparo por 450 mil pesos.

Los expedientes más onerosos corresponden a laudos y ejecuciones: 1.33 millones en el juicio 103/2014-III, 1.245 millones en el 457/2016-V, 945 mil en el 1028/2014-IV, 1.125 millones en el expediente 125/2022-V y acumulados, y 7 millones en el juicio civil 1210/2011-VI, entre otros.

López González como síndica única, fungía como representante legal del Ayuntamiento, es decir, la abogada de la propia administración que ahora enfrenta estos pasivos.

Pero además, su cargo incluía la vigilancia de la hacienda municipal y la supervisión del área jurídica. Es decir, ella misma debía auditar y controlar el despacho del que era titular. Ese conflicto de interés institucional, ser juez y parte, nunca fue discutido en Cabildo.

CANAL OFICIAL