AGENCIAS
MÉXICO.- El Gobierno federal reconoció que la reforma constitucional impulsada para limitar las llamadas “pensiones doradas” contiene una contradicción que impide aplicar uno de sus principales cambios. La admisión quedó plasmada en un oficio firmado el pasado 9 de junio por la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, quien explicó que el texto aprobado establece dos límites incompatibles entre sí.
La reforma al artículo 127 de la Constitución fijó que el salario máximo de los servidores públicos en activo no puede superar la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también estableció que las pensiones deberían limitarse a la mitad de ese monto, una disposición que, según la Consejería Jurídica, resulta inviable porque las jubilaciones se calculan con base en el salario percibido durante la vida laboral del trabajador.
En el documento, Alcalde señala que ambas disposiciones “no pueden aplicarse simultáneamente”, ya que romperían la relación entre el sueldo en activo y el monto de la pensión. Ante esa contradicción, instruyó que prevalezca el criterio de continuidad, por lo que tanto las pensiones actuales como las futuras tendrán como límite la remuneración íntegra de la presidenta y no el 50 por ciento de ésta.
Con esta interpretación, el tope de la mitad del salario presidencial queda, en los hechos, sin aplicación, pese a formar parte del texto constitucional aprobado por el Congreso de la Unión sin modificaciones. La medida fue uno de los ejes de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de marzo, en el marco de la política de austeridad republicana y tras la difusión de los altos ingresos que reciben algunos jubilados de empresas paraestatales y de la banca de desarrollo.
Durante la discusión legislativa, el Senado sostuvo que el límite propuesto era proporcional y compatible con el derecho a una pensión, por lo que no advirtió la contradicción señalada posteriormente por la Consejería Jurídica.
A partir del oficio emitido el 9 de junio, las dependencias federales comenzaron a pagar pensiones con un tope equivalente al ingreso neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum, de 134 mil 290 pesos, dejando sin efectos prácticos la restricción que buscaba reducirlas a la mitad de esa cantidad.
La iniciativa fue elaborada cuando la Consejería Jurídica estaba encabezada por Esthela Damián, quien dejó el cargo el 30 de abril y fue sustituida por Luisa María Alcalde, quien finalmente reconoció la inconsistencia jurídica en la reforma.
