De la Redacción
El Buen Tono
Orizaba.- La administración de Hugo Chahín Kuri encontró en el Palacio Municipal de Orizaba un nuevo negocio inmobiliario, pero el costo político y humano lo pagan sus propios trabajadores. Al concesionar la cafetería que forma parte del inmueble municipal, y áreas exteriores a un particular, el edil no solo incrementó los ingresos municipales a costa del bienestar de su personal, sino que les arrebata un derecho laboral básico: el de consumir sus alimentos en condiciones mínimas de dignidad dentro de su centro de trabajo.
Lo que durante años fue un comedor accesible y un espacio de convivencia para los burócratas locales, se ha transformado en un privilegio de paga. Los empleados, tanto de confianza como sindicalizados, denunciaron que la medida impuesta por el alcalde no es una simple “optimización de recursos”, sino un despojo encubierto. Ya no se trata de un beneficio perdido, sino de una expulsión física: ahora se les prohíbe permanecer en esas áreas incluso para ingerir los alimentos que llevan desde sus hogares.
La situación revela una doble lesión a la economía del trabajador público. Primero, se les despoja de la infraestructura que les pertenecía como parte del entorno laboral. Segundo, se les ofrece como “alternativa” un servicio de restaurante privado cuyos precios, denunciaron, resultan inaccesibles e incompatibles con los salarios que perciben, convirtiendo la decisión en un círculo perverso, donde el espacio que les era funcional se ha convertido en un lujo que no pueden pagar.
La lógica recaudatoria del gobierno de Chahín Kuri parece no tener límites. Mientras las arcas municipales se engordan con el alquiler del espacio, los afectados se ven orillados a refugiarse en pasillos, escaleras o en la plaza trasera del ayuntamiento, sorteando la vergüenza y las inclemencias del tiempo para no faltar al “respeto” al nuevo concesionario.
Esta segregación espacial dentro del propio palacio municipal es un reflejo crudo de la visión mercantilista de la función pública: el metro cuadrado vale más que la dignidad del empleado.
Si bien desde antes existían algunas restricciones, los trabajadores aseguraron que la situación se ha agravado drásticamente tras la concesión, evidenciando que la política de puertas abiertas del alcalde no aplica para quienes sostienen la operatividad diaria del ayuntamiento.
