AGENCIA
CDMX.- El Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos excluir al país de la investigación comercial que realiza bajo la Sección 301 sobre presunta sobrecapacidad estructural en sectores manufactureros, al considerar que no existen fundamentos legales ni económicos que justifiquen su inclusión.
Durante las audiencias públicas de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Ernesto Acevedo Fernández, ministro de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Washington, sostuvo que la industria mexicana opera bajo condiciones de mercado y que las decisiones sobre inversión, expansión, producción o incorporación de nuevas tecnologías corresponden exclusivamente al sector privado.
El funcionario explicó que la manufactura nacional utiliza aproximadamente el 80 por ciento de su capacidad instalada, por lo que rechazó que el Gobierno mexicano impulse artificialmente la producción mediante subsidios, financiamiento preferencial o políticas que generen un exceso de capacidad industrial.
La investigación de la USTR analiza si diversos países aplican prácticas que distorsionan el comercio internacional al producir más bienes de los que el mercado puede absorber. De concluir que existen dichas prácticas, la legislación estadounidense permite imponer nuevas medidas comerciales, entre ellas aranceles.
México advirtió que una resolución desfavorable podría afectar seriamente el intercambio comercial con su principal socio económico y encarecer las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos.
La investigación, iniciada el 11 de marzo, incluye a 16 economías, entre ellas México, China, Japón, India, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y la Unión Europea. Washington argumenta que la sobreproducción industrial de algunos países dificulta su estrategia para fortalecer la manufactura estadounidense.
Entre los elementos considerados por las autoridades estadounidenses destacan el superávit comercial de bienes que México mantiene con Estados Unidos, el crecimiento de la producción automotriz y el aumento de la capacidad instalada de la industria siderúrgica.
Durante las audiencias también participaron representantes del sector privado mexicano. La empresa Deacero sostuvo que la industria del acero entre ambos países mantiene una relación de integración y no de competencia, al señalar que México registra un déficit cercano a 11 millones de toneladas de acero al año, por lo que depende de importaciones, una parte importante provenientes de Estados Unidos.
Los representantes de la industria advirtieron que la imposición de nuevos aranceles elevaría los costos para fabricantes estadounidenses, afectaría las cadenas regionales de suministro y abriría mayores oportunidades para competidores asiáticos.
No obstante, algunos sectores industriales de Estados Unidos manifestaron preocupaciones por el crecimiento de la producción manufacturera en México, argumentando que parte de la fabricación destinada al mercado estadounidense se ha trasladado al país, incluso utilizando insumos provenientes de Asia.
El resultado de la investigación será determinante para la relación comercial entre ambas naciones, ya que podría definir si México enfrenta una nueva ronda de aranceles y poner a prueba la fortaleza de la integración económica construida bajo el T-MEC.
La amenaza de nuevos aranceles va más allá de un conflicto comercial. Si Estados Unidos endurece las medidas contra México, las consecuencias podrían reflejarse en menor inversión, afectaciones al empleo y un aumento en los costos para consumidores y empresas de ambos países.
La integración económica construida durante más de tres décadas enfrenta una nueva prueba. La decisión que tome Estados Unidos no sólo impactará el comercio bilateral, sino también la estabilidad de las cadenas de suministro que sostienen la competitividad de Norteamérica.
