A pesar de que el solicitante pidió datos exclusivamente estadísticos y disociados, el Órgano Interno de Control clasificó todo como “confidencial”. La negativa ocurre en medio de la incertidumbre por la posible renuncia del Contralor, apenas la semana pasada.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- Una solicitud de información ciudadana exigió únicamente datos estadísticos y disociados sobre expedientes y el dictamen de la entrega-recepción municipal. La Contraloría de Córdoba, mediante oficio OIC/JIRSP/0332/2026 del 23 de julio, respondió con un muro de confidencialidad total, negándose a entregar incluso los números de expedientes activos o el estatus del rezago. La administración de Manuel Alonso
El ciudadano que solicitó vía Plataforma Nacional de Transparencia (folio 950546126000658) información sobre los expedientes de presunta responsabilidad administrativa de las administraciones 2022-2025 y 2026-2029 recibió una respuesta tajante y legalmente cuestionable por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del Ayuntamiento de Córdoba.
A través del oficio OIC/JIRSP/0332/2026, con fecha 23 de julio de 2026, la Contraloría Municipal, liderada por Juan Vicente Álvarez Reyes, optó por ocultar toda la información bajo el argumento de “confidencialidad”, pese a que el peticionario explicitó que no requería nombres propios.
La solicitud presentada el 02/07/2026 solicitó un reporte estadístico en tabla de los expedientes abiertos contra la administración 2022-2025, especificando únicamente el número de folio, el cargo público investigado, el área y el estatus procesal.
La copia en versión pública del Dictamen de Observaciones e Inconsistencias derivado del Acta de Entrega-Recepción de la gestión saliente, así como el estatus de las aclaraciones emitidas por los exservidores. Datos numéricos de los expedientes iniciados en la administración actual 2026-2029 y el listado cronológico de las últimas diligencias de cada caso abierto.
Además el registro del rezago heredado (expedientes 2022-2025), incluyendo cuántos se han archivado, cuántos fueron turnados a substanciación y el estado de los que siguen activos.
La respuesta de la Contraloría: un muro de confidencialidad y una interpretación desproporcionada de la ley
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