AGENCIAS
Ciudad de México.- Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adolescentes mexicanos repatriados desde Estados Unidos están siendo enviados a estados del sur del país, lejos de sus comunidades de origen y sin las medidas de protección necesarias, lo que los expone a nuevos riesgos de violencia, desaparición y reclutamiento por parte del crimen organizado.
Durante la audiencia de oficio “Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana”, organizaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Hope Border Institute y Human Rights First señalaron que existe un patrón en el que adolescentes originarios de estados fronterizos como Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas son trasladados vía aérea a entidades del sur, en lugar de ser regresados a sus lugares de residencia.
Las organizaciones explicaron que desde finales de 2025 al menos 350 adolescentes han sido enviados al sur del país como consecuencia del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos. Muchos de ellos cruzaron la frontera en busca de reunificación familiar o mejores oportunidades, mientras que otros fueron reclutados por grupos criminales para actividades ilícitas, por lo que requieren atención especializada y no únicamente medidas de control migratorio.
Uno de los casos expuestos fue el de un adolescente originario de Ciudad Juárez, quien fue enviado a un centro de asistencia en Villahermosa, Tabasco. El menor escapó de las instalaciones el pasado 13 de julio y recorrió por su cuenta miles de kilómetros para regresar a Chihuahua, evidenciando, según las organizaciones, las deficiencias del sistema de protección.
También recordaron que el 23 de julio desaparecieron ocho adolescentes de un centro de asistencia en Tabasco; siete eran originarios de Tamaulipas y uno de San Luis Potosí. Aunque posteriormente fueron localizados, las autoridades no informaron en qué condiciones fueron encontrados.
Las asociaciones civiles denunciaron que México carece de una estrategia nacional para atender la migración de circuito, un fenómeno en el que menores cruzan repetidamente la frontera y son devueltos al país. Afirmaron que no existen protocolos uniformes para evaluar el interés superior de la niñez ni mecanismos que permitan identificar a quienes son víctimas de trata o reclutamiento forzado.
Además, advirtieron que muchos de estos adolescentes presentan problemas de consumo de sustancias o afectaciones psicológicas derivadas de su contacto con grupos criminales, pero los centros de asistencia no cuentan con servicios especializados de salud mental, tratamiento de adicciones o apoyo farmacológico.
Ante este panorama, las organizaciones solicitaron al Estado mexicano suspender el envío de menores a estados distintos al de su origen, fortalecer a las procuradurías de protección, crear un protocolo especializado para la atención de adolescentes en migración de circuito y transparentar los acuerdos con Estados Unidos respecto a las repatriaciones.
Por su parte, la CIDH reiteró el llamado a México para reforzar los mecanismos de protección de niñas, niños y adolescentes, prevenir su reclutamiento por organizaciones criminales y tipificar de manera autónoma el delito de reclutamiento forzado de menores, con el fin de garantizar una respuesta integral que priorice sus derechos y seguridad.
