AGENCIA
Nacional.- La violencia vinculada al crimen organizado también ha alcanzado a las redes sociales. Al menos 19 influencers y creadores de contenido han sido asesinados en México desde 2024 en ocho entidades del país, una situación que especialistas relacionan con la expansión de la violencia, la exposición pública de estas personas y la falta de mecanismos específicos de protección.
Sinaloa concentra buena parte de los casos y de la atención pública, debido a los presuntos vínculos que algunas de las víctimas habrían mantenido con grupos criminales. Sin embargo, el fenómeno se ha extendido a otros estados y también involucra a creadores que utilizaban sus plataformas para denunciar hechos, cuestionar a autoridades o abordar temas considerados sensibles.
El especialista en seguridad David Saucedo ha señalado que existe una omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno al no contar con protocolos específicos para proteger a influencers que, en los hechos, realizan actividades similares a las de algunos comunicadores.
La relevancia de estos creadores ha aumentado debido al tamaño de sus audiencias. Algunos cuentan con cientos de miles o incluso millones de seguidores, por lo que sus publicaciones pueden alcanzar una difusión superior a la de medios de comunicación locales.
Esa influencia puede ser aprovechada por grupos criminales para difundir mensajes, imponer narrativas, proyectar una imagen de poder o desacreditar a sus adversarios. Pero también puede convertir a los propios creadores en objetivos cuando difunden información que afecta los intereses de organizaciones delictivas.
Uno de los casos más conocidos es el de Valeria Márquez, asesinada a balazos en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco.
El homicidio ocurrió frente a la audiencia que seguía la transmisión y provocó una amplia repercusión nacional. Entre las líneas de investigación se ha señalado una posible relación sentimental con un hombre vinculado presuntamente con un grupo criminal, aunque las responsabilidades deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
En Sinaloa, varios creadores de contenido fueron asesinados durante la ola de violencia que comenzó en septiembre de 2024, en medio de la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Entre las víctimas aparecen Leobardo Aispuro, conocido como “El Gordo Peruci”; Agustín Paúl, “El Pinky”; Miguel Vivanco, “El Jasper”; Juan Carlos, “El Chilango”; Adal Peña, “El Tata”, y Víctor Manuel, “El Brasileño”.
Algunos fueron señalados públicamente por presuntos vínculos con grupos criminales, pero estos señalamientos no necesariamente representan una comprobación judicial de que hayan pertenecido a alguna organización delictiva.
La violencia también ha alcanzado a creadores fuera de Sinaloa. En Baja California fue asesinada Fedra Gaxiola, mientras que en Nuevo León murió Cindy Elizabeth Hernández, conocida como “La Barbie Regia”. En Guanajuato fue asesinado Sergio VG, creador de contenido dedicado a temas paranormales.
En Guerrero, el caso de Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, representa otra dimensión del problema. El creador de contenido y activista ambiental había utilizado sus plataformas para realizar denuncias relacionadas con temas ambientales y situaciones que consideraba irregulares.
Su asesinato en julio de 2026 generó exigencias para que las autoridades investiguen si su actividad como comunicador y denunciante tuvo alguna relación con el crimen.
También está el caso de Camilo Ochoa, “El Alucín”, asesinado en Temixco, Morelos, en agosto de 2025. El creador había ganado notoriedad en redes sociales por contenidos relacionados con el mundo del crimen organizado y fue objeto de amenazas antes de su muerte.
La lista de víctimas incluye además a José Carlos González Herrera, “El Fénix”, creador de Guerrero Opinión Ciudadana, asesinado en Acapulco; Gail Castro Cárdenas, conocido como “Gail Toys”, asesinado en Ensenada; y otros creadores que desarrollaban contenidos de entretenimiento, humor, denuncia o estilo de vida.
El caso más reciente es el de César Gastélum, creador de contenido asesinado el 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión. Aunque su muerte ocurrió en una zona afectada por la violencia criminal, hasta el momento las autoridades deben establecer el móvil y determinar si existe alguna relación con grupos delictivos.
La sucesión de homicidios plantea un problema adicional: la ausencia de protocolos de protección para los creadores de contenido que enfrentan amenazas por su actividad.
Saucedo ha advertido que muchos influencers tienen audiencias considerablemente grandes y ejercen una influencia pública que puede colocarlos en una situación de riesgo similar a la de periodistas y comunicadores.
Los especialistas consideran necesario fortalecer las investigaciones y establecer medidas de protección para quienes utilizan sus plataformas para realizar denuncias o abordar asuntos relacionados con seguridad, corrupción, medio ambiente o actividades criminales.
La exposición en redes sociales también representa un factor de vulnerabilidad. Fotografías, transmisiones en vivo, ubicaciones y rutinas permiten a terceros conocer con facilidad los movimientos de los creadores, lo que puede facilitar agresiones.
Los asesinatos registrados desde 2024 muestran que la violencia y las redes sociales se encuentran cada vez más relacionadas. Mientras algunos casos presentan posibles vínculos personales o criminales, otros están relacionados con actividades de denuncia y comunicación.
Por ello, especialistas advierten que cada homicidio debe investigarse de manera individual, sin asumir de antemano que las víctimas tenían nexos con organizaciones criminales, y determinar si su actividad digital fue un factor que influyó en los ataques.
La creciente violencia contra influencers revela así un nuevo frente de vulnerabilidad en México: personas con grandes audiencias que, desde sus teléfonos y plataformas digitales, pueden convertirse en testigos, denunciantes, críticos o simples objetivos dentro de territorios donde el crimen organizado mantiene presencia.
