El regidor segundo solicita información sobre el perfil del titular de Comunicación Social. Omite señalar a los funcionarios de áreas estratégicas que operan sin los requisitos legales.
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El regidor Jorge Maximiliano Huerta Vázquez difundió un comunicado en el que se erige como fiscal de la legalidad y exige a Recursos Humanos y al Órgano de Control Interno información sobre la designación del Titular de la Unidad de Comunicación Social del Ayuntamiento de Córdoba. Pide saber si cuenta con cédula profesional y si cumple con los requisitos del Reglamento de la Administración Pública Municipal.
El discurso del edil suena a una actuación burocrática. El problema es que Huerta aplica la exigencia de manera selectiva. Su propia oficina incumple la norma que dice defender: su asesor Fernando Parra Andrade no cuenta con cédula profesional registrada en la plataforma de la SEP y cobra 30 mil pesos mensuales.
Más grave aún: Huerta ha guardado silencio absoluto sobre los titulares de áreas clave del Ayuntamiento que operan sin título ni cédula, casos que El Buen Tono ha documentado en repetidas ocasiones.
Los funcionarios de Manuel Alonso que operan sin título
Huerta cuestiona al titular de Comunicación Social, pero calla ante los casos que El Buen Tono ha documentado.
Denisse Araceli Lira Tosqui, Coordinadora de Desarrollo Social y Humano, es licenciada en Cultura Física y Deportiva. Nada en su formación la prepara para dirigir un área que incluye educación, salud animal y participación ciudadana. Su salario supera los 46 mil pesos mensuales.
Mónica Ponce Zamudio dirige el Instituto Municipal de las Mujeres sin título ni cédula profesional, a pesar de que el puesto exige un perfil afín a la gestión pública.
Christian Melo de la Rosa, Jefe de Auditoría Financiera, carece de título y cédula. Un auditor sin cédula no puede emitir dictámenes financieros con validez legal, lo que expone al municipio a sanciones del ORFIS.
Carlos Humberto Mendoza Aguilar encabeza Protección Civil con estudios truncos y sin certificación técnica. En caso de emergencia, la falta de un plan validado por un profesionista en ingeniería o arquitectura puede derivar en responsabilidad penal por negligencia.
Víctor Manuel García Jahuey, jefe de Planeación y Proyectos, tampoco cuenta con título profesional. La aprobación de proyectos de infraestructura requiere la firma de un arquitecto o ingeniero civil con cédula.
Martín García Páez, oficial del Registro Civil, es pasante de la carrera de Abogado, Notario y Actuario, egresado en 1992. Carece de cédula profesional que lo habilite como fedatario público.
El interés mezquino de la crítica: colocar a un operador de Zenyazen
La exigencia de Huerta no responde a un afán genuino de transparencia. Su interés es mezquino y tiene nombre: Aldo Valerio Zamudio.
Valerio es operador mediático del diputado federal Zenyazen Escobar García. Ha sido señalado como parte de una red que crea páginas web “hechizas” financiadas con dinero público.
Cuando Zenyazen llegó con una lista de “recomendados” al Ayuntamiento, entre ellos estaba Aldo Valerio para Comunicación Social. Huerta busca ahora colocar a Valerio en esa misma área, utilizando el cuestionamiento al actual titular como ariete para desacreditar y allanar el camino.
