La entonces Síndica Vania López González acudió a Francisco Portilla Bonilla para suplir facturas extraviadas de décadas. El fedatario público enfrenta señalamientos por avalar “empresas fantasma” y vínculos con el yunismo.
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El Ayuntamiento de Córdoba tramitó ante la Notaría Pública número 17, a cargo de Francisco Portilla Bonilla, un centenar de testimonios notariales para justificar la propiedad de su parque vehicular. La acción, encabezada por la entonces Síndica Vania López González, busca legalizar flotillas que van desde motocicletas hasta camiones compactadores de basura y patrullas policiales, cuyas facturas originales se perdieron en administraciones pasadas.
El procedimiento, amparado en el artículo 699-A del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, es legal, pero revela una negligencia patrimonial histórica de más de dos décadas que obligó al municipio a gastar recursos públicos en honorarios notariales para resolver un desastre administrativo que nunca debió ocurrir.
Y es que los inventarios internos del municipio detallan que la mayoría de las unidades adquiridas entre 1999 y 2018 carecen de sus facturas originales. Ante la imposibilidad de obtener refacturas por parte de los concesionarios, el gobierno municipal optó por la figura del testimonio notarial.
Lo anterior implica que la entonces Síndica, junto con tres testigos, declaró bajo protesta de decir verdad que conoce los vehículos y que las facturas se extraviaron. El notario, al recibir la declaración, otorga una fe pública que suple legalmente el documento perdido, permitiendo al municipio asegurar las unidades, realizar canjes de placas y mantenerlas en circulación.
ACUDIR CON UN NOTARIO CON ANTECEDENTES DE CORRUPCIÓN
Sin embargo, el problema trasciende el mero papeleo. Para resolver esta crisis documental, el Ayuntamiento de Córdoba acudió a un fedatario que hoy está en la mira de las autoridades fiscales y judiciales. Francisco Portilla Bonilla, titular de la Notaría 17, ha sido señalado por avalar constituciones de empresas que posteriormente fueron detectadas como “empresas fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Investigaciones de medios locales en 2020 y 2023 lo colocan dentro de un grupo de notarios de la región de Córdoba-Fortín vinculados a la validación de documentos de entidades económicas que simulaban operaciones para defraudar al fisco. Además, su nombre ha sido relacionado con el “yunismo” en Veracruz, en un contexto donde el gobierno estatal impulsó una revisión exhaustiva de notarías por presuntos actos de corrupción.
