El Buen Tono
Sandra González
Orizaba.- La falta de criterio en la aplicación de los Exámenes Psicofísicos Integrales por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) está colocando contra la pared a operadores de transporte de carga, quienes pueden perder su fuente de empleo al ser declarados no aptos por condiciones que, con atención y seguimiento, podrían ser corregibles, denunció Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace y vocera oficial de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).
Advirtió que esta situación está provocando una especie de “muerte laboral”, pues detrás de cada operador existe una familia que depende directamente de su salario y, al ser rechazado en el examen médico, queda en riesgo de perder su licencia y, con ella, su empleo.
Chumacero señaló directamente a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva de la SICT, encabezada por Sonia Edith Jiménez Hernández, al considerar que existe una falta de empatía y sensibilidad hacia quienes diariamente recorren las carreteras del país en unidades de carga pesada.
Cuestionó que se pueda determinar la incapacidad de un operador únicamente por factores como el sobrepeso o una deficiencia visual, cuando existen alternativas para atender estas condiciones, como permitir un periodo razonable para reducir peso o exigir el uso de lentes adecuados. “Cuando salen con una hoja de que no fueron aprobados se les está dando una muerte laboral, porque inmediatamente pueden perder su trabajo”, sostuvo.
La representante de la ANTAC también denunció que la rigidez y falta de criterios claros estarían favoreciendo el llamado “coyotaje”, ya que algunos operadores, ante el temor de quedarse sin empleo, terminan recurriendo a intermediarios y pagando entre 20 mil y 30 mil pesos para obtener un supuesto resultado favorable en su examen médico.
Más allá del costo económico, consideró que esta práctica representa un riesgo para los propios trabajadores y evidencia las deficiencias de un sistema que debería privilegiar la prevención y la salud, pero también garantizar que las evaluaciones se realicen bajo criterios objetivos, técnicos y no discriminatorios.
Chumacero recordó que los operadores enfrentan jornadas extenuantes, conducción nocturna, carreteras con iluminación deficiente, problemas para mantener una alimentación adecuada y condiciones laborales que pueden repercutir en su estado físico. “Detrás de cada licencia de un operador hay una familia mexicana”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades responsables, al señalar que buscaron dialogar con Antonio Manzanares Lozano titular de la dependencia, sin obtener una solución, mientras que Sonia Edith Jiménez tampoco habría atendido de manera efectiva las demandas del sector.
La vocera de la ANTAC exigió que las autoridades establezcan mecanismos de atención y seguimiento para los operadores que presenten alguna condición médica susceptible de corregirse, en lugar de convertir una observación clínica en una sentencia laboral inmediata. Finalmente, advirtió que si los funcionarios responsables no tienen capacidad para escuchar y resolver la problemática, deberían dejar sus cargos.
