AGENCIAS
Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) inició procesos de extinción de dominio sobre 2 millones 240 mil pesos asegurados en cuentas bancarias del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y de dos de sus familiares.
Una de las demandas contempla 1 millón 387 mil pesos cuya propiedad se atribuye al propio Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” y señalado por las autoridades como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”. El dinero fue asegurado como medida cautelar, debido a que no se habría acreditado su legítima procedencia y estaría relacionado con operaciones que presentan características de un posible delito.
El ex funcionario permanece internado en el penal federal del Altiplano y enfrenta procesos penales en Tabasco por delitos como asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, desaparición forzada y peculado.
En un segundo expediente, la FGR busca extinguir el dominio de 853 mil pesos depositados en tres cuentas bancarias a nombre de Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano del ex funcionario. De ese monto, alrededor de 755 mil pesos corresponderían a Encalada Pérez.
La Unidad de Inteligencia Financiera ya había bloqueado desde 2025 diversas cuentas de Bermúdez Requena y sus familiares. Si los jueces determinan la extinción de dominio, los recursos pasarían al erario, sin que sea indispensable una sentencia penal condenatoria contra los propietarios de las cuentas.
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En otro caso, el empresario Justo Aurelio Rivera Parrazales fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.
Rivera Parrazales fue detenido el 17 de julio en Mérida, Yucatán, y las autoridades le aseguraron bienes valuados en 145.2 millones de pesos, entre ellos vehículos de alta gama, armas, metanfetamina, dólares, joyería y una caja fuerte.
El empresario es señalado por autoridades federales de mantener presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y “La Barredora”. Un juez estableció un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.
