AGENCIA
Ciudad de México.- La extorsión continúa en aumento en México y se ha convertido en uno de los principales delitos al alza durante 2026, de acuerdo con el Índice de Extorsión elaborado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que identifica a las entidades con mayores niveles de este delito.
El estudio considera tres variables: Magnitud del delito, cifra oculta y percepción de inseguridad. Con base en estos factores, Morelos, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y Guerrero fueron ubicados como los cinco estados con mayor nivel de extorsión.
En un nivel considerado “alto” también aparecen Colima, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León.
En contraste, Yucatán, Jalisco, Baja California Sur, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y Chiapas registraron un nivel “bajo” dentro del índice.
Coparmex señaló que los resultados permiten identificar las regiones donde la extorsión representa una mayor amenaza y en las que es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 6 mil 562 víctimas de extorsión, lo que representa un incremento de 9.17 por ciento (%) respecto al mismo periodo de 2025.
El crecimiento también se refleja en entidades que registraron variaciones importantes. Chihuahua presentó un aumento de 2 mil 325%, al pasar de cuatro a 97 víctimas; Zacatecas incrementó 551.4%, de 35 a 228; Yucatán creció 400%, de una a cinco víctimas, y Tabasco registró un aumento de 184.2%, al pasar de 82 a 233 casos.
Sin embargo, las cifras oficiales representarían únicamente una fracción del problema. El Inegi estima que alrededor del 97% de los casos de extorsión no son denunciados ni registrados, situación que mantiene una elevada cifra oculta.
Coparmex advirtió que la extorsión continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades, por lo que consideró urgente fortalecer las estrategias de prevención, investigación y sanción.
Entre las medidas propuestas se encuentra homologar las legislaciones estatales con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de garantizar recursos suficientes para que las fiscalías locales operen unidades especializadas contra este delito.
También planteó dar seguimiento al trabajo de las fiscalías a través de sus Centros Empresariales y establecer mecanismos para evaluar avances y pendientes.
Finalmente, la organización empresarial propuso instalar inhibidores de señales de telefonía celular en los centros penitenciarios para impedir que desde estos lugares se realicen llamadas de extorsión, además de verificar que estas medidas sean implementadas dentro de los plazos establecidos.
