De la redacción
El Buen Tono

Estado de México.- Dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de ser señalados como integrantes de una red que exigía pagos a propietarios y administradores de verificentros para permitirles continuar operando.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que los imputados son Raúl “P”, director General de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos “S”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera.

Ambos recibieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán recluidos en el Cereso de Chalco mientras continúa el proceso judicial. De acuerdo con la Fiscalía, el delito que se les imputa contempla una pena de hasta 70 años de prisión.

¿Cómo extorsionaban a los verificentros?

De acuerdo con las investigaciones, el 23 de diciembre de 2023, Raúl “P” habría convocado a propietarios, encargados, representantes legales y administradores de verificentros a una reunión en un restaurante, donde presuntamente les exigió un pago de 200 mil pesos.

Según los testimonios recabados por la Fiscalía, se les habría advertido que debían comenzar a pagar para continuar trabajando, incluso si sus establecimientos contaban con todos sus documentos en regla.

Ante las amenazas, los propietarios habrían entregado cantidades de entre 30 mil y 100 mil pesos para evitar que se bloqueara el sistema y quedaran impedidos para emitir hologramas de verificación.

En febrero de 2024, Raúl “P” y otros integrantes de la red presuntamente volvieron a contactar a las víctimas para exigirles un pago adicional de 162 mil 500 pesos por cada verificentro, al que denominaron “retroactivo”.

Por su parte, Carlos “S” habría exigido la devolución de revalidaciones que ya habían sido autorizadas después de que los establecimientos cumplieran con los requisitos legales. En caso de negarse, presuntamente les advertía que tendrían que “atenerse a las consecuencias”.

La Fiscalía mexiquense señala que la red, integrada también por otros servidores y exfuncionarios, buscaba reunir alrededor de 420 millones de pesos mediante estas exigencias económicas.