AGENCIA
Washington, Estados Unidos.- El gobierno de Donald Trump avanzó hacia la eliminación de una de las principales normas que durante décadas han protegido los bosques vírgenes de Estados Unidos, una decisión que la administración presenta como una estrategia para combatir los incendios forestales, pero que organizaciones ambientalistas consideran un nuevo golpe contra la conservación.
La propuesta del Servicio Forestal de Estados Unidos plantea derogar la llamada “Roadless Rule”, vigente desde 2001, que limita la construcción de carreteras, la tala y la minería en extensas zonas de bosques nacionales. La medida transferiría mayor autoridad a los administradores locales para decidir qué actividades pueden realizarse en estos territorios.
El argumento del gobierno es que eliminar las restricciones permitirá realizar trabajos de manejo forestal y reducir la acumulación de material combustible. Sin embargo, la decisión resulta cuestionable en un momento en que Estados Unidos atraviesa una de sus temporadas más graves de incendios forestales, con millones de hectáreas afectadas y miles de siniestros registrados.
La propuesta también genera preocupación porque abrir territorios hasta ahora protegidos a nuevas carreteras, explotación de recursos y desarrollo humano podría incrementar precisamente los factores que favorecen la aparición y propagación de incendios.
Organizaciones ambientalistas han advertido que los bosques silvestres cumplen una función fundamental para conservar ecosistemas, proteger especies y mantener recursos naturales. Estudios citados por estos grupos señalan además que la incidencia de incendios es menor en zonas silvestres y protegidas que en áreas cercanas a carreteras.
La llamada “Roadless Rule” protege aproximadamente 59 millones de acres, equivalentes a unos 24 millones de hectáreas, alrededor del 30 por ciento del Sistema Forestal Nacional. Su eliminación significaría, por tanto, un cambio de enorme alcance para la política ambiental estadounidense.
La administración Trump insiste en que se trata de devolver capacidad de decisión a los gestores locales y mejorar la salud de los bosques. Sin embargo, resulta difícil ignorar que flexibilizar la protección de enormes extensiones de territorio también puede beneficiar actividades económicas como la explotación forestal, minera y energética.
La medida se suma a otras decisiones del gobierno de Trump encaminadas a reducir regulaciones ambientales y facilitar el aprovechamiento de terrenos públicos. El problema es que presentar la apertura de bosques protegidos como una solución a los incendios puede terminar confundiendo el manejo responsable del territorio con una mayor libertad para explotarlo.
En lugar de debilitar las salvaguardas ambientales, la prioridad debería ser fortalecer la prevención de incendios, mejorar el manejo forestal donde exista evidencia científica de que sea necesario y proteger las zonas que todavía permanecen intactas.
La eliminación de la protección de millones de hectáreas podría generar beneficios económicos inmediatos para determinados sectores, pero también implica riesgos ambientales cuyos costos podrían recaer durante décadas sobre las comunidades, los ecosistemas y las futuras generaciones.
