AGENCIA
Poza Rica, Ver.- Siete personas señaladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presuntas integrantes de una célula delictiva fueron vinculadas al proceso penal por su probable participación en la desaparición de Karime Argüelles Aguilar, quien anteriormente se desempeñó como titular de la oficina de Hacienda del Estado en Poza Rica.
Los imputados son Pedro Yeudiel “N”, Wilber Michell “N”, Jean Martín “N”, Ronaldo Alvino “N”, Álvaro Severiano “N”, Jatzely “N” y José Luis “N”, quienes enfrentan acusaciones por el delito de desaparición cometida por particulares dentro del proceso penal 342/2026.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el caso comenzó el viernes 12 de junio de 2026, cuando Karime Argüelles Aguilar salió de Poza Rica con destino a Álamo Temapache. Sin embargo, la exfuncionaria no llegó al lugar previsto y posteriormente sus familiares perdieron comunicación con ella.
Tras la denuncia correspondiente, elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público y personal pericial realizaron diversas diligencias para establecer las circunstancias de la desaparición y reunir elementos que permitieran identificar a los posibles responsables.
Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra los siete señalados, las cuales fueron cumplimentadas por las autoridades.
Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó que las detenciones se realizaron conforme a derecho y dio paso a la imputación formulada por la representación social.
Por la gravedad del delito que se les atribuye, el juzgador impuso a los siete imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal.
La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para esclarecer completamente la desaparición de Karime Argüelles Aguilar y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los señalados.
La prisión preventiva y la imputación no representan una sentencia condenatoria. Los siete acusados mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras la autoridad judicial determina, conforme al proceso legal, si existe responsabilidad penal.
