AGENCIA
Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operativos policiales para localizar y deportar a inmigrantes en situación irregular, en un cambio significativo respecto a la política migratoria aplicada por los últimos gobiernos del país.
Durante un consejo de seguridad en Barranquilla, el mandatario instruyó a las autoridades comenzar esta misma semana con operativos coordinados, dando prioridad a los extranjeros que estén involucrados en delitos y posteriormente a quienes no hayan regularizado su situación migratoria.
De la Espriella afirmó que su gobierno no permitirá que personas en situación irregular que cometan delitos permanezcan en Colombia y defendió la decisión como una medida política y administrativa asumida directamente por su administración.
La nueva política tendría un impacto especialmente importante entre la población venezolana. De acuerdo con los datos citados, alrededor de 2.8 millones de venezolanos viven en Colombia, lo que representa cerca del 90 por ciento de la población migrante del país. De ellos, aproximadamente 848 mil se encontrarían en situación migratoria irregular, incluidos unos 193 mil niños, niñas y adolescentes.
El anuncio representa un cambio respecto a las políticas implementadas desde el inicio de la crisis migratoria venezolana, cuando Colombia desarrolló mecanismos de regularización y programas de atención para una población que llegó al país tras la salida de millones de venezolanos.
Especialistas en migración cuestionaron el discurso utilizado por el gobierno y advirtieron que encontrarse en situación migratoria irregular no convierte automáticamente a una persona en delincuente.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, consideró que la medida representa un cambio de paradigma y advirtió sobre el riesgo de estigmatizar a los migrantes al relacionar directamente la irregularidad migratoria con la criminalidad.
La oposición también criticó la decisión. La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, señaló que vincular a los migrantes en situación irregular con actividades criminales carece de sustento y puede contribuir a convertir a esta población en blanco de rechazo y discriminación.
La nueva postura colombiana coincide con el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por gobiernos conservadores y de ultraderecha en otros países del continente, entre ellos Estados Unidos, Chile y Argentina.
Sin embargo, especialistas advierten que la situación colombiana presenta particularidades debido a los más de 2 mil 200 kilómetros de frontera que comparte con Venezuela y a la compleja situación política y de seguridad en ambos países.
Además del impacto social, algunos analistas han señalado las consecuencias económicas de una política de deportaciones a gran escala. El investigador Andrés Sampayo destacó que la población venezolana aporta miles de millones de dólares anuales a la economía colombiana mediante consumo, impuestos y emprendimientos.
La implementación de los operativos será observada de cerca por organizaciones sociales y sectores políticos, debido al impacto que podría tener sobre cientos de miles de personas en situación migratoria irregular y, particularmente, sobre familias y menores de edad.
