AGENCIA
Ciudad de México.- Lo que en 2021 fue presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una revolución energética para romper el poder de las grandes empresas gaseras terminó convertido, cinco años después, en un programa de alcance limitado, con pérdidas millonarias y sin cumplir su principal promesa: llevar gas LP barato a todo el país.
Gas Bienestar nació bajo el control de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la promesa de expandirse desde la Ciudad de México hacia entidades como Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México, hasta alcanzar las 32 entidades federativas. La expansión, sin embargo, nunca ocurrió.
Actualmente, la empresa opera únicamente en nueve alcaldías de la Ciudad de México, por lo que su cobertura representa menos de 0.5 por ciento (%) del territorio nacional. Ni siquiera consiguió extenderse a las 16 alcaldías capitalinas, mucho menos convertirse en la alternativa nacional que se anunció.
El fracaso resulta todavía más cuestionable por los recursos públicos destinados a poner en marcha y sostener el proyecto. Pemex realizó una aportación inicial de 4 mil millones de pesos para adquirir camiones, vehículos, infraestructura y equipamiento para la distribución de cilindros.
A esto se sumó el programa de sustitución de tanques, mediante el cual fueron retirados más de 800 mil cilindros particulares. El costo de su reposición y chatarrización quedó a cargo del erario, sin que se conozca con precisión cuánto dinero público terminó destinado a esta operación.
La operación cotidiana tampoco ha sido autosuficiente. Los reportes mencionados señalan costos superiores a 2 mil 500 millones de pesos relacionados con la compra de gas LP, nómina y distribución, mientras que los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia descendente.
Las ventas pasaron de 254.3 millones de pesos durante los primeros cinco meses de 2022 a 183.4 millones en el mismo periodo de 2023 y 174.4 millones en 2024. Posteriormente, Pemex decidió reservar información sobre ingresos, gastos y estados financieros bajo el argumento de proteger la competitividad comercial de la empresa.
El contraste entre el gasto público y el beneficio para los consumidores también pone en duda la eficiencia del programa. Un cilindro de 20 kilogramos de Gas Bienestar se comercializa, según los datos citados, entre 335 y 390 pesos, mientras que en empresas privadas puede encontrarse entre 380 y 440 pesos.
El ahorro, por tanto, puede representar entre 10 y 12%, un beneficio que resulta difícil de justificar frente a los miles de millones de pesos destinados a mantener una empresa que no consiguió ampliar significativamente su presencia.
Además, el argumento de que Gas Bienestar obligó a las empresas privadas a reducir sus precios pierde fuerza al considerar que en 2021 el Gobierno federal estableció precios máximos para el gas LP a través de la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía.
Es decir, el principal mecanismo para contener los precios no fue una supuesta competencia generada por una flotilla de poco más de 100 unidades de Gas Bienestar, sino la intervención directa del Gobierno mediante la regulación de precios.
Para especialistas del sector energético, el problema de fondo fue la falta de planeación. Gonzalo Monroy señaló que la empresa arrancó sin contar con suficientes tanques, infraestructura de distribución ni centros de carga estratégicamente ubicados, lo que elevó los costos logísticos y limitó sus posibilidades de competir.
Así, el proyecto que prometía transformar el mercado del gas LP terminó reducido a un programa piloto que nunca logró convertirse en una verdadera alternativa nacional.
Más que romper monopolios, Gas Bienestar terminó dependiendo de recursos públicos; más que alcanzar las 32 entidades, quedó concentrado en una fracción de la capital; y más que generar una competencia capaz de transformar el mercado, su impacto quedó eclipsado por los controles de precios impuestos por el propio Gobierno.
Cinco años después de aquella promesa de 2021, el balance deja una pregunta incómoda: ¿Cuánto costó realmente construir y mantener una empresa que nunca logró cumplir la escala nacional con la que fue anunciada?
Gas Bienestar terminó convertido en otro ejemplo de cómo una promesa de transformación nacional puede quedarse atrapada entre la improvisación y el gasto público. Se anunció como una herramienta para romper el poder de las gaseras y beneficiar a millones de familias, pero cinco años después su presencia sigue limitada a nueve alcaldías de la Ciudad de México. El problema no es únicamente que no haya cumplido su meta de expansión, sino que los contribuyentes han tenido que financiar una operación que no consiguió ser autosuficiente.
El caso también exhibe una contradicción de la política energética: mientras el Gobierno presumía a Gas Bienestar como mecanismo para reducir precios, terminó recurriendo al control oficial del mercado para contener el costo del gas LP. Si una empresa pública necesita miles de millones de pesos para ofrecer un ahorro relativamente pequeño y además mantiene bajo reserva información financiera relevante, difícilmente puede presentarse como un modelo exitoso de competencia. Más que una revolución energética, el programa terminó siendo una costosa promesa inconclusa.
