AGENCIA
Miami.- El envío de médicos cubanos a distintos países se encuentra nuevamente bajo escrutinio internacional debido a denuncias de presunta explotación laboral, retención de salarios, restricciones a la movilidad y control sobre los especialistas durante sus misiones en el extranjero.
Uno de los casos más recientes se registra en Angola, donde en julio pasado se destinó un contrato de 71.3 millones de euros para incorporar hasta mil 102 médicos especialistas cubanos. Sin embargo, los recursos no serían entregados directamente a los profesionales, sino a la Corporación Antillana Exportadora, conocida como Antex, empresa controlada por el gobierno cubano.
Este modelo forma parte de un sistema de contratación que Cuba ha utilizado durante décadas. Gobiernos extranjeros pagan al Estado cubano por los servicios médicos, mientras las autoridades de la isla seleccionan a los profesionales, negocian las condiciones laborales y administran los recursos destinados a las misiones.
La cooperación médica cubana comenzó en África en 1963, cuando La Habana envió una primera brigada sanitaria a Argelia. Desde entonces, Cuba sostiene que más de 600 mil trabajadores de la salud han prestado servicios en 165 países. Actualmente, miles de profesionales cubanos continúan desplegados en distintas regiones de África, Asia, Medio Oriente, Europa y América Latina.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y médicos que abandonaron las misiones han denunciado condiciones que, según sus testimonios, podrían constituir trabajo forzoso o trata de personas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el valor de la cooperación sanitaria cubana, pero también ha documentado denuncias relacionadas con condiciones laborales, libertad de movimiento y derechos de los trabajadores.
En Estados Unidos, cuatro médicos cubanos presentaron una demanda contra funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud por su participación en el programa Más Médicos, mediante el cual profesionales cubanos fueron enviados a Brasil. Una corte de apelaciones permitió recientemente que el proceso avance a la etapa de obtención de pruebas, aunque sin determinar que la OPS haya participado en trata de personas.
Organizaciones como Archivo Cuba y Human Rights Foundation han acusado al gobierno cubano de beneficiarse económicamente de la exportación de trabajadores especializados. La Human Rights Foundation ha señalado que el Estado cubano habría retenido hasta 85 por ciento de los salarios de algunos médicos y enfermeros enviados al extranjero.
Los testimonios de exintegrantes de estas misiones describen restricciones que van desde la entrega de pasaportes y permisos para desplazarse dentro del país receptor hasta controles sobre actividades públicas y relaciones personales.
Uno de los casos citados corresponde al médico cubano Saúl González, quien trabajó en Angola y afirmó que una parte de su salario permanecía retenida en Cuba. Según su relato, los profesionales podían perder recursos acumulados si abandonaban anticipadamente la misión o recibían medidas disciplinarias.
Otros médicos han denunciado consecuencias personales más graves. El cirujano Emilio Arteaga relató que durante una misión en Angola no pudo regresar a Cuba para acompañar a su madre enferma porque una salida anticipada podía significar la pérdida del dinero retenido. Finalmente, su madre murió mientras él permanecía en África.
En Namibia, Arteaga también afirmó haber sido interrogado por publicaciones privadas en redes sociales que criticaban a dirigentes cubanos. Según su testimonio, terminó abandonando la vivienda donde residía y permaneció escondido durante meses antes de abandonar el país.
Una comunicación de Naciones Unidas de 2023 también recogió denuncias relacionadas con las misiones cubanas en Qatar. Según los testimonios recibidos por la relatora especial, el gobierno de ese país habría pagado entre 5 mil y 13 mil dólares mensuales por profesional, mientras los trabajadores recibirían aproximadamente 10 por ciento de esa cantidad. También se denunciaron jornadas laborales extensas, restricciones de movimiento, vigilancia y confiscación de pasaportes.
Cuba ha rechazado estas acusaciones y sostiene que las denuncias forman parte de una campaña política encabezada por Estados Unidos y sus aliados para desacreditar sus programas de cooperación médica. El gobierno cubano afirma que la participación de sus profesionales en las misiones es voluntaria y se desarrolla conforme a la legislación.
En Europa, Italia representa otro modelo. La región de Calabria recurrió a médicos cubanos ante la falta de personal sanitario y en 2025 autorizó la permanencia de hasta 497 profesionales hasta diciembre de 2027. Posteriormente, las autoridades italianas establecieron contratos individuales y el depósito de salarios directamente en cuentas bancarias de los médicos.
El caso evidencia que la contratación de personal sanitario cubano no es uniforme y que algunos países han modificado sus mecanismos para garantizar que los profesionales reciban directamente sus remuneraciones.
En su informe de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales analizaron 71 testimonios correspondientes a 109 experiencias de misión. El documento concluyó que determinados casos presentan indicadores compatibles con trabajo forzoso y que algunos hechos podrían contener elementos de trata de personas.
El debate internacional enfrenta así dos realidades: por un lado, el reconocimiento a la contribución de los médicos cubanos en sistemas sanitarios con déficit de personal; por otro, las denuncias sobre un modelo de contratación que ha sido cuestionado por organismos internacionales y exprofesionales.
La controversia no se centra únicamente en cuánto reciben los médicos, sino en quién controla sus contratos, sus salarios, sus documentos y su libertad para abandonar las misiones. Para los organismos que han documentado los casos, garantizar derechos laborales y libertades fundamentales debe ser una condición indispensable de cualquier programa internacional de cooperación sanitaria.
Lo peor de todo es que el gobierno contratante, en este caso México, sabe que lo que gana cada médico no se los dan 100% a ellos, sino al régimen. Sus familias en Cuba, son rehenes. No pueden salir ni a pasear. ¡Son esclavos!
Es como estudiar gratis, con la condición de que cuando trabajes tu dinero lo va a administrar el Gobierno y este decide cuánto te quiere dar y como… Así es el comunismo.
