De la redacción
El Buen Tono

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum revisar los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias en medios de comunicación audiovisuales, al considerar que podrían representar una amenaza para la libertad de expresión en México.

A través de un comunicado, HRW cuestionó que el proyecto otorgue amplias facultades a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para sancionar a medios de comunicación que difundan información considerada “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.

La organización señaló que la situación genera preocupación debido a que la comisión depende del gobierno federal, por lo que cuestionó que una autoridad gubernamental tenga la facultad de determinar si la información difundida por un medio cumple con determinados criterios de veracidad.

“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, afirmó Jorge Peniche, investigador de Human Rights Watch en México.

Peniche pidió al gobierno mexicano revisar los lineamientos para garantizar que no representen una amenaza para la libertad de expresión ni para los medios independientes.

HRW recordó que los derechos de las audiencias forman parte del derecho de las personas a recibir información y que, desde 2014, los medios de radiodifusión cuentan con mecanismos de autorregulación.

De acuerdo con la organización, la nueva propuesta permitiría que las personas inconformes con una decisión de un defensor de audiencias puedan recurrir ante la CRT. Esta instancia tendría facultades para modificar dichas determinaciones y sancionar a los medios con multas de hasta 1 por ciento de sus ingresos acumulables anuales si considera que difundieron información “falsa” o “desactualizada”.

Human Rights Watch advirtió que estas disposiciones podrían utilizarse para presionar al periodismo independiente y generar un efecto intimidatorio entre los medios de comunicación, incluso si esa no fuera la intención de las autoridades.

La organización también expresó preocupación por el programa “Derecho de réplica”, impulsado por el gobierno de Sheinbaum y conducido por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, debido a los señalamientos realizados contra periodistas y medios de comunicación a los que se acusa de formar parte de un supuesto “esfuerzo coordinado” para difundir información falsa.

“La mejor defensa contra la desinformación es un entorno mediático que permita fuentes de información diversas y plurales”, sostuvo Peniche.

HRW insistió en que combatir la desinformación debe realizarse mediante un entorno que garantice la pluralidad informativa, y no mediante un organismo oficial con facultades para sancionar a medios cuya cobertura sea considerada inexacta por el gobierno.