De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- El 14 de mayo de 2026, el Ayuntamiento de Córdoba firmó un compromiso público para fortalecer la transparencia y evitar faltas administrativas. Catorce semanas después, esa promesa se traduce en más de un centenar de quejas acumuladas ante la Contraloría General del Estado, con un patrón de respuesta idéntico: evasión, deslinde de responsabilidades y negativa ilegal a entregar datos de gestión pública.
A finales de julio, el municipio recibió el último paquete de solicitudes de información sobre la Plataforma Integral de Atención Ciudadana (PIAC). Todas fueron contestadas con el mismo libreto: con abuso de prórroga Atención Ciudadana declaró que los datos eran confidenciales o que no tenía facultades, Comunicación Social se deslindó por incompetencia, y Gobierno Digital remitió a ligas genéricas de su portal. Ninguna de las respuestas entregó los folios, los tiempos de respuesta, el ranking de quejas por dependencia, el tabulador salarial del personal operativo ni las bitácoras de auditoría que el sistema genera automáticamente.
La Ley 250 de Transparencia establece que la información estadística, de gestión y salarial es de oficio y debe entregarse en formato electrónico sin costo. El ayuntamiento condicionó la entrega al pago previo de versiones públicas, invocando protección de datos de terceros. Esta postura contradice el artículo 97 de la misma ley, que excluye de la reserva los datos de carácter administrativo y de gestión pública.
El compromiso firmado en mayo fue un acto de imagen. La evidencia documental de los expedientes muestra que las áreas municipales operan como entidades aisladas, sin coordinación para integrar una respuesta única. El argumento de que la plataforma PIAC “no recibe quejas sino peticiones” revela un tecnicismo para negar el acceso a los reportes de desempeño que el propio sistema registra.
