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De la redacción
El Buen Tono

Estados Unidos.- El Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) adjudicó un contrato por 16.7 millones de dólares para adquirir 6 mil pares de guantes capaces de emitir descargas eléctricas, destinados al control de personas detenidas y manifestantes que se resistan a los agentes.

La compra se realizó mediante un contrato sin licitación con la empresa Compliant Technologies LLC, con sede en Kentucky, e incluye los dispositivos, equipo adicional y servicios de apoyo durante los próximos seis meses.

De acuerdo con el aviso publicado por ICE, los guantes serán utilizados en situaciones consideradas de “alta tensión”, como arrestos, traslados de detenidos que se resistan y la respuesta a disturbios civiles fuera de instalaciones de detención.

Los dispositivos funcionan como guantes convencionales de patrullaje hasta que el agente activa un botón que genera una descarga eléctrica al entrar en contacto con la piel. ICE sostiene que su objetivo es someter rápidamente a personas que se resistan y evitar el uso de una fuerza más severa.

La adquisición generó críticas de organizaciones defensoras de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes cuestionaron la falta de límites claros, capacitación y supervisión sobre el uso de los dispositivos.

La senadora Catherine Cortez Masto, junto con otros 15 legisladores demócratas, pidió al ICE cancelar la compra y advirtió sobre los riesgos de utilizar los guantes durante arrestos civiles.

Los legisladores también exigieron que, en caso de continuar con el programa, la agencia haga públicos los protocolos de capacitación de sus agentes y los mecanismos para documentar y revisar cada utilización de los dispositivos.

El Departamento de Seguridad Nacional, dependencia a la que pertenece el ICE, defendió la adquisición y rechazó las críticas, al señalar que quienes buscan impedir que las fuerzas federales cuenten con equipo de seguridad ponen en riesgo a los agentes.

La compra se produce en medio de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales en distintos puntos de Estados Unidos.

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