La representación legal del excontralmirante asegura que ambos políticos fueron mencionados durante la audiencia por el caso de huachicol fiscal, a partir de testimonios de testigos protegidos
AGENCIAS
La defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por delincuencia organizada contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el senador de Morena Adán Augusto López Hernández, en el marco de las investigaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal.
El despacho Mendieta y Asociados confirmó que analiza presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que, según los abogados, los nombres de ambos políticos fueron mencionados durante la audiencia en la que Farías Laguna fue vinculado a proceso por su presunta participación en una organización dedicada a delitos relacionados con hidrocarburos.
De acuerdo con la defensa, las referencias a López Beltrán y López Hernández surgieron a partir de declaraciones de dos testigos protegidos identificados con los nombres clave de “El Santo” y “JCSP”. Los testimonios, según los abogados, contienen señalamientos sobre una presunta relación de ambos personajes con actividades vinculadas al tráfico de hidrocarburos.
La defensa sostiene que, debido a que los nombres fueron incorporados durante la audiencia y existen referencias en los testimonios presentados por el Ministerio Público, buscará que la autoridad ministerial investigue formalmente los hechos y determine si existe o no responsabilidad.
Jueza habría ordenado citar a López Beltrán, Adán Augusto y Rafael Ojeda
Como parte del procedimiento judicial, la defensa señaló que la jueza Alejandra Ramírez de la Vega instruyó que Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández y el almirante Rafael Ojeda Durán sean citados formalmente para aportar información relacionada con el caso.
Los abogados también cuestionaron que la Fiscalía haya argumentado dificultades para localizar a Ojeda Durán, quien continúa activo en la Secretaría de Marina. La defensa informó que proporcionó un domicilio ubicado en Cancún y solicitó apoyo de la institución naval para hacerle llegar el citatorio correspondiente.
Hasta el momento, según el despacho, no se ha recibido una respuesta de la Secretaría de Marina sobre dicha solicitud.
La denuncia que prepara la representación legal de Farías Laguna estaría relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos, además de otras conductas que pudieran derivarse de la investigación. Los abogados indicaron que, por ahora, no contemplan incluir a más personas, aunque no descartaron ampliar la acusación conforme obtengan nuevos elementos.
Farías Laguna permanece vinculado a proceso por huachicol fiscal
Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso el 27 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Como medida cautelar, permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México.
La investigación de la FGR sostiene que el excontralmirante habría formado parte de una estructura conocida como “Los Primos”, presuntamente dedicada al ingreso, comercialización y ocultamiento ilegal de combustibles. En el expediente también aparece su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.
De acuerdo con la indagatoria, la organización habría operado en al menos cinco entidades del país y utilizado empresas legalmente constituidas para facilitar el traslado y distribución de hidrocarburos que presuntamente ingresaban a territorio mexicano mediante documentación que los identificaba como aceites o aditivos.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que mediante modificaciones en pedimentos aduanales y en los volúmenes declarados se habría buscado evadir impuestos correspondientes a los combustibles. Parte de los recursos obtenidos presuntamente de estas operaciones habría sido introducida al sistema financiero mediante compañías utilizadas para el movimiento y lavado del dinero.
El caso tomó relevancia tras el aseguramiento de un buque en Altamira
Las investigaciones cobraron relevancia pública en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el buque Challenge Procyon, que transportaba aproximadamente ocho millones de litros de hidrocarburo.
Según los datos difundidos sobre el caso, las primeras acciones contra la presunta red generaron una afectación económica superior a 340 millones de pesos. Hasta ahora, se ha informado sobre la detención de al menos 16 personas relacionadas con la investigación, entre ellas exservidores públicos.
Farías Laguna fue entregado a las autoridades mexicanas el 21 de agosto de 2026, después de haber sido detenido en Buenos Aires, Argentina, donde presuntamente utilizaba una identidad falsa. Posteriormente fue deportado a México con intervención de autoridades y agencias internacionales.
El caso también ha generado cuestionamientos por los vínculos familiares y profesionales de algunos de los involucrados con altos mandos de la Secretaría de Marina, particularmente por la relación de parentesco entre Farías Laguna y el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
Sheinbaum pide que la Fiscalía aclare los señalamientos
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre los avances de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal y determinar las responsabilidades que correspondan.
La mandataria también ha afirmado que su gobierno no encubre a ningún funcionario y que las indagatorias deben continuar hasta esclarecer la participación de cada una de las personas mencionadas en los expedientes.
La eventual denuncia contra López Beltrán y Adán Augusto López Hernández abriría una nueva línea dentro de un caso que involucra a exservidores públicos, empresarios y presuntas redes dedicadas al ingreso y comercialización ilegal de combustibles.
Hasta ahora, los señalamientos contra ambos políticos forman parte de las referencias expuestas por la defensa a partir de testimonios mencionados durante la audiencia, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar su alcance, verificar su contenido y establecer, en su caso, si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal.
