El Buen Tono
Sandra González
Orizaba.- Lo que debería ser un reconocimiento al esfuerzo académico termina convertido en un castigo por fallas administrativas y tecnológicas. Estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, que alcanzan calificaciones de excelencia de hasta 100 puntos, han visto reducidos sus resultados a 70 debido a problemas en el sistema SIGI/SIGL, denunció una madre de familia.
La afectación no sólo golpea el desempeño académico de los jóvenes, sino también a sus familias, particularmente a quienes llegan de otros municipios y deben pagar renta, alimentación y transporte para que sus hijos puedan estudiar en Orizaba. “Cada semestre es la misma situación”, denunció la madre de un estudiante originario de Huatusco, quien explicó que su hijo menor, de tres hermanos, eligió estudiar en el Tecnológico de Orizaba pese a haber sido aceptado en otras universidades.
El esfuerzo familiar ha sido considerable. Debido a que su hijo enfrenta una condición de salud, ella tiene que trabajar para contribuir a los gastos de sus estudios. Durante la semana rentan en Orizaba y los fines de semana regresan a Huatusco, con el consecuente gasto de traslado.
A este sacrificio se suman los problemas recurrentes con la plataforma institucional, particularmente durante las inscripciones y el registro de calificaciones. “No es justo que cada vez que lo vayamos a inscribir tengamos problemas con el sistema escolar, que tengamos que venir hasta las oficinas porque no nos contestan el teléfono”, señaló.
Pero el problema más grave, advirtió, ocurre cuando las fallas del sistema terminan repercutiendo directamente en las calificaciones de los alumnos. Relató que estudiantes que obtienen 100 pueden terminar con 70 porque las evidencias de sus trabajos no aparecen registradas, porque la plataforma se cae o porque posteriormente se cuestiona la validez de fotografías y otros comprobantes. “Saca 100 y le ponen 70 porque sus pruebas, sus fotografías no son válidas, porque el SIGI no lo registró, porque se cayó, porque no funciona”, afirmó.
La denuncia resulta particularmente delicada porque coloca a los estudiantes en una situación de indefensión: cumplen con sus trabajos, presentan evidencias y obtienen determinada evaluación, pero terminan siendo ellos quienes pagan las consecuencias cuando la plataforma institucional falla.
La madre también señaló que existen problemas con el registro de calificaciones, al grado de que, según su testimonio, en algunos casos los maestros pierden apuntes o aparecen calificaciones correspondientes a otros estudiantes.
A ello se agregan los retrasos en los procesos de inscripción. Explicó que cuando las fechas o accesos al sistema se habilitan tarde, las familias tienen que resolver en cuestión de horas trámites que requieren pagos bancarios, aun cuando el estudiante tenga que desplazarse desde otro municipio. “Nosotros venimos desde Huatusco y eso implica tiempo y dinero”, sostuvo.
La inconformidad se extiende además a la atención institucional. Mientras los padres de familia reciben atención cuando acuden personalmente a las oficinas, aseguró que los estudiantes no siempre obtienen la misma respuesta cuando buscan solucionar sus problemas. “Cuando usted viene como padre lo atiende súper bien, pero a ellos como estudiantes no”, reprochó.
La denuncia exhibe una problemática que no debería normalizarse dentro de una institución de educación superior: las fallas de una plataforma administrativa no pueden convertirse en una penalización académica para los alumnos.
Si un estudiante obtiene 100, la institución está obligada a contar con mecanismos confiables para respaldar esa evaluación. Y si el sistema falla, debe existir una vía inmediata para acreditar la calificación obtenida, sin trasladar al alumno la responsabilidad de una falla que no provocó.
Para las familias foráneas, además, cada visita a las oficinas representa gastos adicionales. En un municipio donde el costo de permanecer durante la semana implica pagar renta y trasladarse constantemente, resolver presencialmente problemas que deberían solucionarse mediante plataformas funcionales termina convirtiéndose en una carga económica.
El llamado es para que las autoridades del Tecnológico Nacional de México, campus Orizaba, revisen el funcionamiento del SIGI/SIGL, transparenten los mecanismos de respaldo de calificaciones y garanticen que ningún estudiante pierda puntos por fallas del propio sistema institucional. Porque si el alumno hizo su parte y obtuvo 100, no puede terminar con 70 porque el sistema no funcionó.
