Contratos simulados, empresas fachada y triangulación internacional fueron utilizados para desviar recursos públicos, de acuerdo con la investigación financiera presentada por la UIF

AGENCIAS

MÉXICO.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló este viernes nuevos detalles del esquema financiero vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mediante el cual presuntamente se desviaron recursos públicos a través de contratos gubernamentales, empresas fachada y operaciones financieras internacionales. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó que las investigaciones identificaron aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares relacionados con recursos desviados mediante esta estructura.

De acuerdo con la información presentada, el esquema operó entre 2008 y 2018 a partir de contratos celebrados por el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social con empresas vinculadas a la red. Los contratos, cuyo valor acumulado superó los 403 millones de dólares, habrían involucrado la presunta simulación de servicios, sobreprecios y la participación coordinada de servidores públicos y particulares.

La UIF señaló que para movilizar los recursos se utilizaron diversas empresas fachada, entre ellas compañías vinculadas con la familia Weinberg, considerada una pieza relevante dentro de la estructura financiera investigada. Según el análisis presentado, estas empresas habrían permitido simular operaciones comerciales, justificar transferencias y posteriormente enviar los recursos hacia otras jurisdicciones, principalmente Estados Unidos.

La investigación financiera también identificó operaciones de triangulación internacional. Parte de los recursos habría salido de México hacia otros países y posteriormente sido transferida a sociedades y cuentas relacionadas con la red en Miami, Florida. Entre 2015 y 2017, de acuerdo con la información expuesta por la UIF, García Luna habría destinado más de 305 millones de pesos y 27 millones de dólares al conglomerado empresarial.

El caso derivó en investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. La UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente promovió una demanda civil en Florida, en septiembre de 2021, con el objetivo de recuperar los activos que presuntamente fueron obtenidos mediante el esquema de contrataciones irregulares.

La investigación contó con la participación coordinada de la UIF, la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de asistencia jurídica internacional con autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Familia Weinberg, pieza central de la estructura financiera

Según la información presentada, la familia Weinberg tuvo un papel relevante en la estructura corporativa vinculada con García Luna. Las autoridades identificaron alrededor de 30 contratos gubernamentales relacionados con empresas de este grupo, los cuales habrían permitido extraer recursos públicos mediante operaciones comerciales que aparentaban ser legítimas.

El mecanismo, de acuerdo con la UIF, habría cumplido varias funciones al mismo tiempo: simular pagos comerciales que presuntamente ocultaban beneficios indebidos, justificar servicios cuya materialidad era cuestionada y facilitar la salida de mayores cantidades de recursos públicos hacia otras empresas y jurisdicciones.

El caso civil en Florida concluyó con una sentencia favorable al Estado mexicano. La resolución permitió avanzar en la recuperación de bienes y recursos relacionados con la red investigada y reconoció la legitimidad del Estado mexicano para reclamar los activos presuntamente derivados del esquema.

Como resultado de este proceso, el 25 de agosto de 2026 México recibió aproximadamente 5 millones 805 mil dólares, equivalentes a alrededor de 5 mil 805 millones de pesos según la cifra reportada en la información oficial, provenientes de la ejecución de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida relacionadas con la familia Weinberg.

Los recursos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación y, de acuerdo con la UIF, todavía permanece pendiente la liquidación de otros activos que podrían ser recuperados mediante los procedimientos legales que continúan abiertos en Estados Unidos.

Investigaciones y órdenes de aprehensión

La investigación también derivó en acciones penales en México. Para 2023 se habían emitido órdenes de aprehensión contra 61 personas y se concretaron 17 detenciones consideradas relevantes dentro del expediente.

Las autoridades han sostenido que el seguimiento de los movimientos financieros permitió reconstruir la ruta de los recursos, identificar a personas y empresas involucradas y aportar información para sustentar las acciones judiciales encaminadas a recuperar bienes para el Estado mexicano.

El caso forma parte de las investigaciones contra García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y posteriormente fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Su situación judicial en ese país es independiente de las investigaciones financieras relacionadas con el presunto desvío de recursos públicos en México.

UIF reporta miles de cuentas bloqueadas

Durante la presentación también se dieron a conocer resultados generales de la UIF correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

En ese lapso fueron bloqueadas 24 mil 622 cuentas relacionadas con personas vinculadas con actividades de delincuencia organizada; de ese total, 7 mil 681 corresponderían a integrantes de organizaciones criminales. Además, se reportó el bloqueo de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos y la incorporación de 2 mil 395 sujetos a las investigaciones financieras.

La UIF explicó que su labor consiste en detectar operaciones financieras inusuales, analizar los movimientos de recursos, generar inteligencia financiera e incorporar a personas o entidades a la Lista de Personas Bloqueadas cuando existen elementos que lo justifican.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan afectar la estructura económica de organizaciones criminales y evitar que el sistema financiero sea utilizado para ocultar, transferir o lavar recursos de procedencia ilícita.

El Gobierno federal mantiene abiertos los procedimientos para recuperar el resto de los activos vinculados con el esquema financiero atribuido a la red relacionada con García Luna, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y recuperar recursos que, de acuerdo con la UIF, fueron desviados del patrimonio público.