De la redacción
El Buen Tono
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin a las conversaciones de paz que el gobierno de su antecesor, Gustavo Petro, mantenía con diversos grupos armados ilegales, al considerar que no existían condiciones para continuar con los acercamientos.
La decisión fue formalizada mediante resoluciones expedidas el viernes 28 de agosto y conocidas este sábado, con las que también fueron revocados los nombramientos de representantes del Gobierno y los reconocimientos otorgados a delegados de las organizaciones que participaban en las mesas de diálogo.
Entre los grupos con los que se dieron por terminadas las conversaciones se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El Gobierno colombiano argumentó que los procesos fueron debilitados por diversos acontecimientos y que no se logró demostrar una voluntad real de paz y de reincorporación a la vida civil.
Uno de los casos señalados fue el de la CNEB, cuyos diálogos fueron considerados inviables ante la falta de avances. La organización surgió de una división de la denominada Segunda Marquetalia y está integrada por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.
Revocan credenciales de negociadores
Como parte de la decisión, la Presidencia también retiró las credenciales de los negociadores gubernamentales que participaban en las mesas, además de revocar el reconocimiento de los delegados de las organizaciones.
Armando Novoa, quien encabezaba la delegación del Gobierno en las conversaciones con la CNEB, calificó la medida como innecesaria, al señalar que los representantes ya habían presentado su renuncia irrevocable el pasado 6 de agosto, un día antes de la llegada de De la Espriella a la Presidencia.
La determinación representa un nuevo giro en la política de seguridad y negociación impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro, cuya estrategia de “paz total” contemplaba diálogos con distintos grupos armados y procesos de sometimiento a la justicia.
Durante su campaña y posteriormente al asumir el cargo, De la Espriella sostuvo que no ofrecería concesiones que considerara inaceptables y afirmó que la vía del diálogo con los grupos armados ilegales estaba agotada.
