Un tribunal confirmó que 15 elementos de prueba podrán permanecer en el expediente contra René Dávila de la Vega y su hijo, señalados por su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con recursos de Segalmex
AGENCIAS
MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las acciones legales contra los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, señalados por su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con 800 millones de pesos provenientes de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
De acuerdo con información publicada por Reforma, un tribunal confirmó la cancelación del amparo promovido por los empresarios, quienes buscaban excluir del proceso 15 elementos de prueba considerados relevantes por la FGR y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El material incluye siete testimonios, siete documentos y un peritaje, entre ellos una opinión de delito elaborada por Hacienda, en la que se establecen elementos para continuar con las acciones legales contra los señalados.
Tribunal mantiene las pruebas
La resolución judicial determinó que los empresarios aún podrán cuestionar la validez de las pruebas, pero esa discusión deberá realizarse en una etapa procesal posterior. El tribunal consideró que la incorporación de estos elementos al expediente no representa, por ahora, una vulneración a los derechos fundamentales de los acusados.
Con esta decisión, la FGR conserva las pruebas que considera necesarias para sustentar su investigación sobre el destino de recursos públicos de Segalmex.
¿Qué pasó con los 800 millones?
Según la investigación ministerial, entre febrero de 2019 y junio de 2020, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), cuyos accionistas son los Dávila, habría recibido de manera irregular 800 millones de pesos de Segalmex.
La acusación señala que los recursos fueron utilizados para adquirir bonos privados de deuda con un rendimiento anual cercano al 11 por ciento.
Sin embargo, las autoridades sostienen que estos instrumentos estaban respaldados por fideicomisos que presuntamente no contaban con activos suficientes y que habían sido constituidos previamente por empresas relacionadas con los empresarios.
Además, la investigación señala que dichos fideicomisos no contaban con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La ruta del dinero
De acuerdo con la indagatoria, los recursos fueron transferidos por Segalmex a un fideicomiso identificado como CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, para posteriormente ser colocados mediante certificados privados.
La autorización para realizar la operación habría sido otorgada por René Gavira Segreste, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex.
La FGR sostiene que la operación forma parte de un esquema mediante el cual recursos públicos fueron colocados en instrumentos financieros que, presuntamente, no ofrecían las garantías suficientes para asegurar su recuperación.
El caso constituye una de las distintas líneas de investigación derivadas del presunto quebranto de recursos de Segalmex y alcanza tanto a exfuncionarios como a particulares y empresas que habrían participado en operaciones cuestionadas.
Por ahora, la resolución judicial permite que las 15 pruebas permanezcan dentro del expediente, mientras continúa el proceso legal contra los empresarios.
