Proponen sanciones económicas a institutos políticos que reciclen perfiles bajo investigación y plantean revisar su historial público y patrimonial antes de postularlos.
CÓRDOBA, VER.- Los partidos políticos no deberían poder reciclar candidatos con historiales cuestionados y después lavarse las manos cuando surgen responsabilidades, por lo que deben enfrentar sanciones económicas que realmente les duelan, planteó el presidente del Centro de Investigación, Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDAC), Manuel Molina Gómez.
El especialista cuestionó que los partidos presuman filtros de honestidad y transparencia mientras mantienen entre sus opciones a personajes que ya ocuparon cargos públicos y que todavía tienen asuntos pendientes por aclarar.
“Decirlo es una cosa, hacerlo es otra”, señaló Molina Gómez, al advertir que la lealtad política continúa pesando más que la eficiencia y la honorabilidad al momento de seleccionar perfiles.
Consideró que una persona bajo investigación no puede ser señalada automáticamente como culpable, pero tampoco debería recibir un “salvoconducto político” para regresar a un cargo mientras no se esclarezca su situación.
Por ello, propuso que el INE y el OPLE revisen más allá de una carta de antecedentes no penales y consideren el historial público y patrimonial de quienes buscan competir por un cargo de elección popular, respetando en todo momento la presunción de inocencia.
Pero la propuesta va más allá: que el costo de postular malos perfiles salga del bolsillo de los partidos y no del dinero de los ciudadanos.
Molina Gómez planteó que cuando un candidato sea judicialmente vinculado y posteriormente se acredite su responsabilidad por actos de corrupción o delitos graves cometidos durante su desempeño público, el partido que lo postuló debería devolver parte del financiamiento público recibido por esa candidatura.
“Es definitivamente deshonesto e inmoral que se envíen personas para garantizar de forma facciosa un triunfo y lo único que se esté buscando es una recaudación a costa de los impuestos de los mexicanos”, sostuvo.
Advirtió que mientras las sanciones sean únicamente administrativas o representen cantidades que los partidos puedan absorber, difícilmente tendrán incentivos para cambiar sus prácticas.
Por ello, consideró necesario establecer castigos económicos contundentes y, en casos donde se acredite un patrón sistemático de irregularidades, analizar incluso sanciones que puedan comprometer su participación en futuros procesos electorales.
El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda para los partidos que se preparan para las próximas elecciones: ¿realmente están buscando los mejores perfiles o simplemente los candidatos que les garanticen votos y control político?
