De la redacción
El Buen Tono

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación sobre una polémica estrategia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que habría permitido que grandes cargamentos de fentanilo llegaran a las calles mientras agentes federales seguían los envíos para construir investigaciones contra redes de distribución.

El presidente de la comisión, el republicano James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, registros relacionados con esta práctica, luego de que informantes de la DEA revelaran que agentes fueron instruidos en algunos casos para observar los cargamentos en lugar de incautarlos.

La investigación se centra principalmente en Nuevo México, donde agentes habrían vigilado entre 2023 y 2025 grandes cantidades de fentanilo que posteriormente llegaron a las calles.

Una investigación de The Associated Press reveló que agentes en Albuquerque llegaron a observar desde helicópteros y vehículos de vigilancia a distribuidores que transportaban mochilas con hasta 100 mil pastillas de fentanilo, sin que los cargamentos fueran decomisados de inmediato.

La estrategia, conocida como permitir que las drogas “caminen”, buscaba obtener información para fortalecer investigaciones y posteriormente desmantelar estructuras completas. Sin embargo, autoridades cuestionan el riesgo que implicó dejar circular cantidades potencialmente letales de la droga.

De acuerdo con la información revelada, en una de las investigaciones las autoridades finalmente decomisaron alrededor de tres millones de pastillas de fentanilo, aunque cantidades mayores habrían llegado a las calles antes de las detenciones.

Comer señaló que una política que ordenara no interceptar grandes cargamentos sería inconcebible y habría provocado daños y pérdida de vidas.

Las reglas sobre este tipo de operaciones también cambiaron. Mientras los protocolos establecidos en 2017 indicaban que los agentes debían incautar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible, el Departamento de Justicia modificó las normas en 2024 para otorgar mayor discrecionalidad a las autoridades cuando consideraran que continuar una investigación podía generar mayores beneficios.

El caso también llegó a los tribunales. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia para obtener registros relacionados con estas operaciones.

Además, el organismo de control interno del Departamento de Justicia anunció una revisión nacional para determinar si esta estrategia fue utilizada en otras regiones de Estados Unidos.

La DEA sostiene que sus investigaciones son complejas y de largo plazo y que se realizan bajo el marco de la ley. La revisión federal determinará si las prácticas utilizadas cumplieron con los protocolos establecidos para evitar que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las comunidades.