AGENCIA
Huixtán, Chis.- Mientras habitantes de la comunidad indígena de San Gregorio enfrentan desde febrero de 2026 problemas para acceder al agua, un grupo de mujeres tzeltales denunció haber sido sancionado con 55 mil pesos y 22 rejas de refresco por instalar un generador de gasolina para extraer el líquido de un pozo.
La situación resulta difícil de entender: Ante la falta de un suministro suficiente de agua, las mujeres buscaron por sus propios medios una alternativa para llevar el líquido a sus familias, pero en lugar de recibir respaldo para atender una necesidad básica, aseguran que fueron castigadas por la autoridad comunitaria.
Las habitantes explicaron que adquirieron un generador que funcionaba con gasolina y solicitaron apoyo de familiares y de un técnico para ponerlo en operación. Sostienen que el equipo no utilizó las líneas eléctricas de la comunidad y que su propósito era únicamente extraer agua del pozo ante la escasez agravada por la sequía.
Sin embargo, de acuerdo con sus testimonios, la instalación derivó en una sanción de 55 mil pesos y la entrega de 22 rejas de refresco. Una medida que ha generado cuestionamientos, particularmente porque el conflicto surgió en medio de una problemática mucho más grave: La falta de acceso al agua.
El caso también escaló a señalamientos de agresiones. Las mujeres denunciaron que durante un incidente ocurrido el 7 de junio les fueron retirados sus teléfonos celulares, mientras que un hombre, hermano de una de ellas, habría sido golpeado, arrastrado y retenido durante varias horas.
También aseguraron que personas vinculadas con la autoridad comunitaria cortaron los cables del generador y ocasionaron daños en el lugar donde había sido instalado. Posteriormente, denunciaron la suspensión de los servicios de agua y electricidad.
El hombre que ayudó a instalar el equipo habría recibido además una multa de 10 mil pesos y la prohibición de ingresar a la comunidad hasta cubrir el monto, según los testimonios difundidos.
Las mujeres aseguran que solicitaron la intervención del presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, pero no encontraron una respuesta favorable.
Más allá del conflicto comunitario, el caso exhibe una contradicción preocupante: Una población que reclama acceso al agua enfrenta sanciones cuando intenta resolver por cuenta propia una carencia que, en principio, debería ser atendida mediante acuerdos, diálogo y soluciones institucionales.
Si las mujeres realmente no estaban utilizando indebidamente la infraestructura eléctrica y únicamente buscaban extraer agua para sus familias, resulta cuestionable que la respuesta haya sido una sanción económica de tal magnitud y no una solución al problema de abastecimiento.
Las denuncias de agresiones, cortes de servicios y sanciones deben ser investigadas y esclarecidas por las autoridades correspondientes. Hasta ahora, no se había informado de un pronunciamiento oficial de la Fiscalía de Justicia Indígena, la Delegación de Gobierno o la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre los hechos.
El problema de fondo sigue siendo el mismo: Una comunidad lleva meses enfrentando escasez de agua y, en lugar de que la prioridad sea garantizar el acceso al líquido, el conflicto terminó colocando a mujeres indígenas en el centro de una disputa por intentar conseguirlo.
