De la redacción
El Buen Tono
Una disputa familiar por una vivienda ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, terminó en tribunales y derivó en acusaciones contra el exfuncionario Ulises Lara López, señalado por su media hermana, Hilda Lara Guadián, de haber utilizado sus relaciones dentro de la Fiscalía capitalina para impulsar un proceso penal en su contra.
El conflicto se centra en un inmueble ubicado en la colonia Acueducto de Guadalupe, cuya propiedad fue adquirida por Hilda Lara y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, el 21 de junio de 2013, mediante una operación realizada ante el notario público número 165 del entonces Distrito Federal.
De acuerdo con la documentación referida en el caso, la vivienda tuvo un precio de 2 millones 100 mil pesos, de los cuales 648 mil 969.88 pesos fueron cubiertos mediante un crédito del Infonavit otorgado a Pakabomba.
La disputa comenzó años después
El inmueble fue reclamado en 2021 por Carlos León Lara Corona, padre de Hilda y Ulises, quien afirmó que descubrió que la propiedad ya no aparecía a su nombre cuando acudió a realizar su testamento.
Sin embargo, Ady Guadián Patiño, esposa de Carlos León, declaró ante la Policía de Investigación que ambos acudieron ante el notario para formalizar la operación y que su esposo recibió el dinero correspondiente a la venta.
Posteriormente, Hilda Lara y su esposo fueron señalados por el delito de despojo agravado.
La defensa argumentó que los hechos atribuidos se remontaban a 2013 y que, cuando se ejerció la acción penal, ya había transcurrido el plazo legal para perseguir los delitos.
Tribunal determinó que los delitos habían prescrito
El caso llegó a tribunales federales y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México determinó que, al momento de presentarse la denuncia, los delitos que se pretendían atribuir a Hilda Lara y Godefroid Pakabomba ya habían prescrito.
A partir de esas resoluciones, el juez de control Mauricio Ledesma Rodríguez dejó sin efecto la vinculación a proceso de Hilda Lara y declaró prescritos los delitos que se le imputaban.
En el caso de su esposo, el juez José Gabriel Martínez Peña también emitió una resolución para dejar sin efecto el proceso.
Hilda Lara acusó a su medio hermano
Durante el conflicto, Hilda Lara señaló a Ulises Lara de presuntamente aprovechar su posición dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para favorecer el procedimiento en su contra.
En 2023, ella y su esposo presentaron denuncias ante instancias internas de la Fiscalía y ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde plantearon posibles actos de abuso de poder y conflicto de intereses.
La hermana de Ulises Lara también presentó una queja ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina.
Sin embargo, en julio de 2024, dicho órgano determinó archivar el expediente al considerar que no existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento administrativo.
Por ello, esa denuncia no derivó en una sanción contra Ulises Lara.
La disputa por la propiedad continúa
Aunque las resoluciones judiciales modificaron la situación penal de Hilda Lara y su esposo, el conflicto por la vivienda todavía no concluye.
Entre los elementos que mantienen abierto el litigio está la participación de Grace Montserrat Díaz Gutiérrez, asesora jurídica y trabajadora de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien ha presentado recursos en representación de Carlos León Lara Corona contra las determinaciones que favorecieron a los acusados.
Los recursos continúan pendientes de una resolución definitiva, según los reportes sobre el caso.
Es importante precisar que las resoluciones judiciales citadas establecen que los delitos atribuidos a Hilda Lara y su esposo habían prescrito. Esto no equivale a una determinación judicial de que Ulises Lara haya cometido tráfico de influencias o haya fabricado el delito.
Esos señalamientos forman parte de las acusaciones realizadas por Hilda Lara y su defensa, mientras que la disputa relacionada con la propiedad continúa en tribunales.
