De la redacción
El Buen Tono
Colombia.- El Gobierno de Colombia pidió a Rusia y Ucrania detener la contratación de ciudadanos colombianos para integrarlos a sus Fuerzas Armadas y facilitar el regreso de quienes ya participan en el conflicto, informó este sábado la Cancillería.
La dependencia señaló que Colombia “no apoya, incentiva ni autoriza” la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales, por lo que exhortó a ambos países a suspender el reclutamiento de connacionales para prestar servicio militar en el extranjero.
De acuerdo con la Cancillería, hasta la fecha se han registrado 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 vinculadas con ciudadanos en Rusia.
Los casos corresponden a distintas situaciones, entre ellas personas fallecidas cuyos restos fueron repatriados o sepultados en el extranjero por decisión de sus familias, procesos de repatriación en curso, ciudadanos declarados desaparecidos en combate y otros reportados como desaparecidos por sus familiares sin confirmación oficial.
El Gobierno colombiano también informó que detectó a personas que difunden ofertas laborales engañosas y facilitan el traslado de ciudadanos hacia territorios involucrados en el conflicto. Ante ello, presentó 21 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para que sean investigadas.
Como medida preventiva, las autoridades establecieron un protocolo en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a personas que manifiesten su intención de viajar al extranjero con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales.
La petición colombiana se suma a llamados realizados por otros países de América Latina y África para frenar el reclutamiento de sus ciudadanos para participar en las fuerzas militares de Rusia y Ucrania, en medio de la guerra iniciada en 2022.
La contratación de extranjeros para participar en el conflicto ha sido señalada como una de las estrategias empleadas por Rusia para enfrentar la falta de efectivos en el frente, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntas redes de reclutamiento dirigidas a personas de sectores vulnerables mediante ofertas de empleo, becas o promesas de ciudadanía.
