De la redacción
El Buen Tono
Un juzgado del departamento colombiano de Guaviare ordenó este sábado al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a las Fuerzas Armadas abstenerse de bombardear objetivos de grupos armados cuando exista información sobre la presencia de menores de edad.
La decisión fue emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, en respuesta a una acción de tutela presentada para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.
El fallo establece que el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberán informar, en un plazo de 48 horas, qué medidas y protocolos aplican o reforzarán para identificar la presencia de menores en zonas donde se desarrollen operaciones militares.
También deberán verificar la información de inteligencia relacionada con el posible reclutamiento o utilización de menores, evaluar los riesgos para la población civil antes de ejecutar operaciones aéreas y garantizar medidas especiales de protección para niños y adolescentes.
La resolución se suma a una medida cautelar emitida el pasado jueves por un juzgado de Bogotá, que ordenó al mandatario colombiano y a las Fuerzas Armadas abstenerse de bombardear lugares donde exista evidencia de la presencia de menores víctimas de reclutamiento.
Ambas decisiones se producen una semana después de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que tres menores murieron durante un bombardeo realizado el 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare.
De los 10 cuerpos recuperados tras aquella operación, tres correspondían a menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y otro 16.
El Gobierno colombiano defendió la legalidad de la operación y señaló que los menores formaban parte del grupo armado atacado, por lo que fueron considerados como objetivos legítimos.
El caso se sumó a la muerte de otro menor durante un bombardeo realizado el 10 de agosto en la región del Catatumbo, situación que volvió a generar cuestionamientos sobre el uso de operaciones aéreas en zonas donde existe presencia de menores reclutados.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se tuvo conocimiento de mil 173 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia.
