AGENCIA
Baja California.- La senadora con licencia de Morena, Julieta Ramírez, quien aspira a contender por la gubernatura de Baja California, es investigada por autoridades de Estados Unidos y presuntamente busca convertirse en testigo colaborador del Departamento de Justicia de ese país, de acuerdo con una investigación difundida por N+.
Según el reporte presentado en el noticiero estelar de Televisa por los periodistas Alejandra Barriguete y Luis Villegas, de la unidad de investigación N+ Focus, los comunicadores tuvieron acceso a un documento denominado “proffer agreement”, presuntamente celebrado entre la Oficina del Condado de San Diego del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la legisladora morenista.
Este tipo de acuerdo consiste en un documento mediante el cual una persona investigada o un posible testigo proporciona información a fiscales estadounidenses sobre hechos delictivos, bajo determinadas condiciones de protección. Entre ellas, puede establecerse que las declaraciones entregadas durante el proceso no sean utilizadas directamente en su contra en un eventual juicio, dependiendo de los términos pactados.
Hasta el momento, la información difundida por N+ no especifica qué delito o delitos podrían estar relacionados con la investigación contra Ramírez, ni se ha establecido públicamente que la senadora haya sido acusada formalmente de algún ilícito en Estados Unidos.
El señalamiento ocurre mientras Ramírez mantiene aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de Baja California, lo que coloca el reporte bajo especial escrutinio debido a las implicaciones que tendría una eventual investigación de autoridades estadounidenses sobre una figura que busca encabezar el gobierno estatal.
La legisladora morenista ya había enfrentado anteriormente cuestionamientos relacionados con su relación con Estados Unidos. En enero de este año negó, a través de sus redes sociales, versiones sobre un supuesto retiro de su visa para ingresar a ese país.
A este escenario se suma la confrontación política en Baja California. En julio pasado, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional ratificó una denuncia penal presentada contra Ramírez por presuntos actos anticipados de campaña y otros posibles ilícitos relacionados con la difusión de propaganda política.
El nuevo señalamiento, sin embargo, coloca el caso en un terreno distinto al de la disputa electoral local, al involucrar presuntamente a autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos y un documento que, según N+, estaría relacionado con la entrega de información por parte de la senadora con licencia.
Por ahora, será necesario que las autoridades estadounidenses aclaren el alcance del supuesto acuerdo, los motivos de la investigación y si existe alguna acusación formal contra Ramírez. También corresponderá a la propia legisladora fijar una postura sobre la información difundida y explicar, en su caso, los términos del documento referido por la investigación periodística.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo frente para Morena en Baja California y para una de las figuras que busca disputar la gubernatura, en medio de un proceso político que podría intensificarse conforme se acerque la definición de las candidaturas.
El caso de Julieta Ramírez debería ser aclarado sin evasivas. Si existe realmente un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la ciudadanía merece conocer su alcance y el motivo de la investigación, especialmente porque busca gobernar Baja California. La transparencia no puede ser selectiva cuando se trata de aspiraciones políticas.
Morena tampoco debería minimizar el señalamiento como un simple ataque electoral. Una investigación de autoridades estadounidenses, aunque todavía no implique una acusación formal, es un asunto suficientemente serio para exigir explicaciones. Si no hay nada que ocultar, lo responsable sería aclararlo con documentos y no dejar que la sospecha crezca en medio del proceso por la gubernatura.
