AGENCIA
Ciudad de México.- La promesa de no endeudar al país quedó nuevamente bajo escrutinio con el Paquete Económico 2027 presentado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que contempla un elevado déficit fiscal y nuevas necesidades de financiamiento para cubrir la diferencia entre los ingresos y el gasto público.
El proyecto estima ingresos públicos por alrededor de 9.1 billones de pesos y un gasto de 10.6 billones, una brecha cercana a 1.5 billones de pesos. Además, los Requerimientos Financieros del Sector Público mantienen al país bajo una fuerte presión fiscal, mientras Hacienda proyecta que la deuda pública alcance 55 por ciento (%) del Producto Interno Bruto en 2027.
El escenario contrasta con el discurso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador buscó presentar al gobierno de la llamada Cuarta Transformación como una administración responsable con las finanzas públicas y contraria al endeudamiento excesivo.
La realidad fiscal, sin embargo, muestra que el problema no desapareció con el cambio de administración. En 2024, el déficit público llegó a niveles históricamente elevados, alrededor de 5.9% del PIB, debido en buena medida al incremento del gasto para concluir obras emblemáticas y mantener programas sociales.
Ahora, Sheinbaum intenta reducir gradualmente el déficit, pero sin sacrificar los programas sociales ni buena parte de los compromisos de gasto heredados. El propio Gobierno federal sostiene que su estrategia busca una consolidación fiscal gradual y responsable.
El problema es que reducir el déficit no significa dejar de recurrir al endeudamiento. Significa pedir prestado menos que antes, pero seguir aumentando las obligaciones financieras cuando los ingresos propios no alcanzan para cubrir todo el gasto.
Y ahí aparece la contradicción política: Durante años se cuestionó a los gobiernos anteriores por recurrir a la deuda, mientras que ahora la administración morenista enfrenta un escenario en el que necesita mantener elevados niveles de financiamiento para sostener el presupuesto.
La propia Secretaría de Hacienda reconoce que la deuda pública se ubicaría en 55% del PIB en 2027 y defiende que el endeudamiento será utilizado de manera responsable y con objetivos productivos.
El reto no es solamente cuánto dinero pide prestado el Gobierno, sino para qué se utiliza y qué resultados genera. Si el endeudamiento sirve para infraestructura productiva, crecimiento económico y proyectos que generen ingresos futuros, puede tener una justificación. Pero si termina financiando gasto corriente, subsidios permanentes o proyectos que no alcanzan los beneficios prometidos, la factura terminará trasladándose a los contribuyentes.
México no está técnicamente “quebrado”, como suele afirmarse en el debate político, pero sí enfrenta una presión fiscal importante. El propio Gobierno reconoce que la deuda seguirá en niveles elevados y que será necesario continuar con una estrategia de consolidación fiscal.
La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda: ¿Qué pasó con aquella promesa de que la llamada transformación no recurriría al endeudamiento para sostener sus proyectos? Porque los números del presupuesto muestran que, aunque el Gobierno hable de responsabilidad fiscal, la deuda sigue siendo una pieza fundamental para cuadrar las cuentas públicas.
